En apenas dos años la Fiscalía General recibió casi 30 mil denuncias sobre personas que salieron de sus hogares y no regresaron. Pero el gobierno y el sistema judicial no asumen el problema con la urgencia que requiere. Los familiares hacen lo que pueden en medio de un limbo legal. Y se sospecha de una red de trata de blancas: 70% de los casos de desapariciones forzosas se trata de mujeres
Por Yoleida Salazar | Ilustración: Andrea Phillips
La desaparición de una persona en Ecuador no se aborda, en principio, como una investigación criminal. Se trata de un acto administrativo. Y a juzgar por las evidencias, no parece un asunto que preocupe de manera particular a las autoridades ni a la justicia. Se sabe que son muchos estos “actos administrativos”. Pero no se sabe cuántos. La estadística oficial no es precisa. Ni detallada. Es un número que varía según la institución a la que se consulte. El problema, sin embargo, es grave. Más de lo que se quiere reconocer.
Fue la desaparición y asesinato de dos jóvenes argentinas que hacían turismo en una localidad costera en marzo pasado, lo que trajo de nuevo a la opinión pública el tema de las personas desaparecidas. Entre enero de 2013 y junio de 2015 la Fiscalía General del Estado recibió 29.309 denuncias. Proporcionalmente, son muchos casos para un país como Ecuador en el que no hay un conflicto armado o sociopolítico. De ese total, 1.714 siguen en fase de investigación. Y cada mes se suman nuevos expedientes. Esos números son imprecisos puesto que los ministerios de Interior y de Justicia manejan otras estadísticas y la diferencia entre ellas es de hasta 4.000 personas.
En Ecuador, sólo en 2014, hubo 10.765 desapariciones reportadas, lo que se traduce en 29 personas por día, según un reporte de la Fiscalía General ecuatoriana. En comparación, en Colombia, donde durante décadas ha existido un conflicto armado, se registran 8 desapariciones forzosas diarias. México, con sus sanguinarias bandas de crimen organizado, tiene una tasa de 11 desaparecidos diarios. Y en otros países vecinos sin conflicto, como Perú, se reportan 4 al día en promedio.
“Lo que me preocupa es que la cifra sea mayor”, afirma la abogada Lina María Espinosa, de la ONG Asociación de Familiares de Desaparecidos en Ecuador (Asfadec). Su sospecha se basa en que no existen leyes, ni protocolos, ni personal especializado orientados a prevenir, procesar ni castigar las desapariciones de personas, las cuales –además- no se consideran un acto delictivo, sino administrativo. No solo hay vacío legal, sino falta de coordinación entre los organismos que deben atender estas denuncias.
Telmo Pacheco, presidente de Asfadec, agrega: “El Estado tampoco cuenta con un banco de datos que concentre en un único lugar todos los casos de personas desaparecidas, que permita cruzar la información existente en hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados, albergues, morgues y cementerios. Esta situación continúa ocasionando problemas y obstaculiza el funcionamiento de mecanismos eficaces de búsqueda e investigación”. Pacheco sabe de lo que habla: lleva cuatro años buscando a su hijo Telmo Orlando, de 33 años, desaparecido tras participar en un culto evangélico en Loja, una ciudad al sur del país. Él, junto a otros familiares de personas desaparecidas, constituyeron la fundación en 2012.
Muerte en Montañita
Marina Menegazzo y María José Coni, de 20 y 21 años respectivamente, llegaron a Montañita, un pequeño pueblo turístico ubicado a 180 kilómetros de Guayaquil, el 11 de febrero de este año. Las chicas salieron el 10 de enero desde Mendoza, Argentina, para emprender un viaje que las llevaría a recorrer Chile, Perú y Ecuador.
El 22 de febrero, justo antes de su partida de Montañita, la familia de las mendocinas perdió contacto con ellas. Al día siguiente debían irse a Lima por vía terrestre para luego tomar un avión hacia Santiago de Chile y desde allí llegarían a Mendoza en un colectivo.
Los familiares denunciaron su desaparición por las redes sociales y algunos se trasladaron hasta la localidad para emprender su búsqueda. Sus cuerpos fueron hallados seis días después envueltos en bolsas negras y prácticamente irreconocibles. Al parecer las habían matado a golpes.
Los presuntos culpables de los asesinatos fueron arrestados en tiempo récord por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro, Dinasev, bajo condiciones y procedimientos poco rigurosos. Al día siguiente del hallazgo de los cadáveres, José Serrano Salgado, ministro de Seguridad de Ecuador, informó vía Twitter sobre la detención preventiva de dos sospechosos: Aurelio Eduardo Rodríguez (39), alias “El Rojo”, y Alberto Segundo Mina Ponce (33), quien en una primera declaración se atribuyó ambos crímenes.
El 18 de marzo se produjo un giro en el polémico caso con la detención de un venezolano de 36 años, quien presuntamente lidera una red de microtráfico de drogas en Montañita. Alberto Segundo Mina Ponce, quien había cambiado su declaración de los hechos en cuatro oportunidades, señaló a José Miguel, alias “El chamo”, de ser el autor de los asesinatos y de haberlo presionado para inculparse, bajo amenaza de muerte. Poca fue la información suministrada por las autoridades sobre esta nueva detención, la cual se produjo no por su vínculo con el caso sino porque al venezolano se le encontró una porción de cocaína.
Mina Ponce incluso reconoció a alias “El chamo” en una de las últimas fotos con vida de las mendocinas, en la que se les ve compartiendo con un grupo de personas en las afueras de una discoteca. El venezolano sería el misterioso hombre de camisa blanca que aparece junto a Marina.
Según las experticias forenses Marina y María José habrían sido drogadas con escopolamina, un alcaloide muy utilizado en casos de violación puesto que suprime la voluntad de quien la consume. Según los resultados de las autopsias, ambas fueron asesinadas a golpes con un objeto contundente. No se determinó si hubo abuso sexual.
Mina Ponce incluso reconoció a alias “El chamo” en una de las últimas fotos con vida de las mendocinas, en la que se les ve compartiendo con un grupo de personas en las afueras de una discoteca. El venezolano sería el misterioso hombre de camisa blanca que aparece junto a Marina.
Según las experticias forenses Marina y María José habrían sido drogadas con escopolamina, un alcaloide muy utilizado en casos de violación puesto que suprime la voluntad de quien la consume. Según los resultados de las autopsias, ambas fueron asesinadas a golpes con un objeto contundente. No se determinó si hubo abuso sexual.
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Hay algo que no cuadra
Las circunstancias que rodearon a la desaparición y asesinato de las jóvenes, así como la aprehensión expedita de los principales sospechosos, hicieron dudar en un principio a sus allegados de los móviles manejados por las autoridades policiales ecuatorianas.
Las dudas de la defensa -compartidas por los familiares de Marina y María José- se centran en por qué las chicas viajaron 2,5 kilómetros desde Montañita hasta la casa de Alberto Segundo Mina Ponce, en las afueras de la ciudad, donde luego fueron asesinadas.
Ellos arrojaron a la luz pública una posible hipótesis sobre los verdaderos motivos del doble crimen: la presencia de una red de trata de blancas en el país, vinculada a la elevada tasa de desapariciones. Incluso la Fiscalía de Mendoza abrió una investigación sobre esta posibilidad.
El gobierno ecuatoriano ha negado rotundamente que se trate de un crimen relacionado con el tráfico de personas y de explotación sexual. Pero sus argumentos no convencieron del todo a los familiares, quienes debieron esperar un mes para sepultar a las chicas.
Más recientemente, tras la inhumación de los cuerpos en Mendoza y con los resultados de las autopsias y el cruce con las declaraciones de los sospechosos, ni las autoridades policiales ni los abogados de las familias Menegazzo y Coni creen que “El chamo” tenga que ver con la muerte de las jovencitas. Los familiares, quienes en un principio pusieron en duda que los aprehendidos –Rodríguez y Mina- fueran los asesinos, un mes después reconocieron que estos sí estaban involucrados.
Pese a todo, la novedad en Ecuador a propósito de esto es un debate: ¿este crimen califica como femicidio o como homicidio? En el primer caso, la condena para los sospechosos, de ser hallados culpables, sería de 26 años. Por homicidio, por el contrario, un sentenciado podría purgar entre 10 y 13 años de prisión.
Víctimas invisibles
Daniel Rueda, presidente de la Asociación Alas de Colibrí, una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, con énfasis en el delito de trata de personas, afirma que existe una relación muy estrecha entre algunas desapariciones y el tráfico de personas. “Hemos conocido casos en que las mujeres son captadas y retenidas en contra de su voluntad para ser explotadas sexualmente. En ocasiones son liberadas o, después de un tiempo logran escapar, pero en otros casos pueden tener un desenlace fatal. Las víctimas de este delito pasan generalmente desapercibidas”.
Una vez más la opacidad en las cifras oficiales sale a relucir. “Una de las falencias que existe en el Ecuador es que no hay cifras concretas de los casos de trata de personas, pero según el Ministerio del Interior más de 6.000 personas anualmente son víctimas de la trata en el país, tomando en cuenta que no en todos los casos existe una denuncia y que la trata interna cobra cada día más fuerza”, señala Rueda.
Pero el abogado Daniel Rueda ve poco probable que se establezca un nexo causal entre la trata de personas y el femicidio ocasionado a las turistas: “Evidentemente existe una posibilidad de que esto pueda ocurrir, sin embargo, en el caso en mención, por el contexto de país, es muy difícil que el gobierno trate de ocultar un tema tan delicado, no existe una razón de peso como para que se quiera o se trate de encubrir un hecho delictivo de esta naturaleza. En el ámbito del Derecho Penal, para determinar el porqué de un hecho delictivo, nos preguntaremos el móvil que lo causó. En este caso, ¿cuál sería el móvil del Estado para ocultar dicha información?”.
También es válido hacerse otra pregunta. Desde el 10 de agosto de 2014 hasta junio de 2015 se reportaron por Fiscalía 72 asesinatos de mujeres: es decir, un promedio de 7 por mes. ¿No es esto como para preocuparse y tratar de hilar un poco más fino en las pesquisas?
No se sabe, es posible
La falta de estadísticas actualizadas y confiables sobre los casos de desapariciones en Ecuador, así como la poca voluntad para la unificación de criterios y procedimientos entre los organismos oficiales, coloca al Estado como incapaz de cumplir con su deber de garantizar la seguridad y los derechos humanos de sus ciudadanos. Y la posible conexión con la trata de mujeres asoma al examinar la poca información disponible.
Las cifras, aunque dispares, no dejan de ser alarmantes. De enero a junio de 2015 la Fiscalía recibió 5.328 denuncias de desapariciones. De ese total, 69% (3.679) son mujeres. “De ese grupo de féminas, 1.900 tenían 18 años o más al momento de su desaparición (la mayoría de ellas mestizas y de condición socioeconómica de media a baja) y creemos que fueron desaparecidas por un actor particular o estadal. En muchos casos le hemos solicitado al Estado ecuatoriano que cruce la información de las denuncias que tiene de trata de personas con los perfiles de estas 1.900 para intentar establecer un patrón. Cuatro años después, el Estado sigue negando esa posibilidad”, advierte la abogada Lina María Espinosa.
En el año 2012, entre abril y agosto fueron reportadas como desaparecidas 15 mujeres.
Todas tenían en común la edad, color de piel y las circunstancias de su desaparición. Ese patrón tampoco fue investigado.
Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ente adscrito a las Naciones Unidas, Ecuador es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de blancas. “Cifras oficiales reflejan que, en 2013, las autoridades recibieron 72 informes de trata de personas y contrabando de migrantes, lo que condujo a 19 arrestos. Por otra parte, 28 víctimas fueron rescatadas de esas redes”, reza el documento.
La Fundación Alas de Colibrí maneja datos más recientes: “Las autoridades, hasta el año pasado, identificaron y desarticularon a dos bandas internacionales dedicadas a la trata de personas. En este operativo se rescató un total de 200 mujeres ecuatorianas, dos de ellas menores de edad, y se detuvo a 26 personas. De igual forma se ha desmantelado en la frontera norte una banda colombo ecuatoriana dedicada a la trata sexual de mujeres”.
Daniel Rueda reconoce que la trata de personas generalmente está ligada a otras actividades del crimen organizado, como el tráfico de estupefacientes, el sicariato, el tráfico de armas y las pandillas: “En nuestra experiencia, existen dos tipos de desarrollo del delito. Por un lado están las bandas estructuradas, que operan de forma muy organizada, y luego están las semi estructuradas, que son las que nacen en el seno de sus familias y de su círculo más cercano”.
La asesora legal de Asfadec, Lina María Espinosa, asevera que aunque ellos no tienen cómo demostrar la vinculación entre las desapariciones de mujeres y la trata de blancas y femicidios, consideran que sobre el Estado recae una responsabilidad por omisión, a efectos de la seguridad ciudadana: “Creemos que hay una intención de no entrar a profundizar, por lo que eso pueda representar para la imagen del país, o en la adquisición de nuevas responsabilidades en temas de seguridad ciudadana o de aceptar que hay otros actores, otras mafias detentando poder dentro del propio Estado. Mostrarlos como hechos aislados puede ser la política para mantener la calma y tranquilidad en la población”, opina Espinosa.
“No sabemos si oculta información pero la verdad es que el Estado no ha presentado muestras concretas de esfuerzos por resolver este problema. El Presidente dice ‘vamos a investigar’ y ahí se queda, no pasa absolutamente nada”, refiere la asambleísta por el Movimiento Plurinacional Pachakutik Lourdes Tiban, quien es considerada una de las líderes nacionales del movimiento indígena en Ecuador.
“No queremos sugerir que hay efectivamente una vinculación entre la trata de blancas y las desapariciones, pero tampoco podemos decir que no”, asegura Daniel Rueda de la Fundación Alas de Colibrí.
El presidente de Asfadec, Telmo Pacheco, coincide con Rueda. “A la fecha no existen informes o indicios específicos que vinculen la desaparición con el tráfico de órganos o trata de personas, pero consideramos que es obligación estatal indagar todas las posibilidades y hacer cruces de las estadísticas que tenga entre el número de desaparecidos y el número de noticias criminales que tenga de trata y tráfico, y los perfiles de las víctimas, para establecer posibles nexos y desarrollar políticas de prevención, investigación y sanción. Sin embargo, el Estado no cumple en dicha obligación”.
La tarea pendiente
La crítica principal que hacen las organizaciones civiles al Estado ecuatoriano sobre el tema se centra en un problema de naturaleza jurídica: en Ecuador las desapariciones de personas –salvo las desapariciones forzadas- no constituyen un delito, pues son consideradas un acto administrativo.
La abogada Espinosa explica que en el país no hay código o ley que detalle en qué consiste un acto administrativo, o qué persigue, o cuánto dura, pues queda a discreción del funcionario que lo recibe: “Nos parece gravísimo que el fiscal que se encarga de conocer estas desapariciones es el mismo que se encarga de devolver los vehículos robados. Esto lo que hace es perpetuar la impunidad y el dolor de la familia, que no solo tiene que lidiar con la desaparición de un ser querido sino con la ineptitud de un Estado”.
Otro de los problemas de fondo argumentados por los familiares de las víctimas es la falta de especialización tanto de fiscales como de policías, lo que no les permite llevar una investigación acorde con el tipo de hecho.
El presidente Rafael Correa, en enero de 2013, lideró la primera reunión entre las instituciones del Estado y representantes de los familiares de los desaparecidos a fin de escuchar sus peticiones y definir las estrategias a seguir. El compromiso fue sentarse en la misma mesa cada seis meses. Desde entonces, solo se han visto las caras en dos ocasiones y son pocos los frutos que se han recogido de esos encuentros, según las cuentas de Asfadec.
“Lamentablemente tengo que decir que durante estos tres años ha habido varias disposiciones presidenciales, ministeriales y de la Fiscalía que se quedan en eso, en declaraciones de buena voluntad que no se materializan en la práctica”, asevera Espinosa.
Como parte de lo acordado en las reuniones con Correa fue creada la Dinasev (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros), un cuerpo adscrito a la Policía Nacional con mayores estándares de investigación. Además, se abrió una unidad en la Fiscalía de Pichincha –donde están concentradas la mayoría de las denuncias de desapariciones- para investigar los casos de manera exclusiva.
Pero para Telmo Pacheco estos dos organismos han contribuido en poco o nada en dar con el paradero de quienes figuran en la lista de desaparecidos: “Esto no está garantizando la resolución de los casos, ni está garantizando que el delito de la desaparición -porque para nosotros sí es un delito pese a que no está tipificado- disminuya. Ni nos garantiza estándares de seguridad ciudadana porque a efectos de política preventiva el Estado no está haciendo nada en materia de desapariciones”.
Un ex funcionario que formó parte de la Unidad de Investigaciones de la policía ecuatoriana, quien pidió mantener bajo resguardo su identidad, indicó que efectivamente hay descoordinación entre instituciones encargadas de atender los casos de desapariciones involuntarias: “Hay quienes van a la Fiscalía y otros a la policía, pero estos dos entes no trabajan de manera conjunta. Los familiares deben hacer gestiones por separado en cada lado y para que se decida abrir una averiguación pueden pasar meses. En ese lapso, cualquier evidencia que pueda dar con el paradero del buscado, puede perderse”.
Vértice envió una solicitud de entrevista vía correo electrónico al ministro del Interior, José Serrano, con fecha 4 de abril, pero hasta la publicación de este trabajo no había sido respondida.
Según informe del año pasado de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, si bien es cierto que fue aprobado un Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Perdidas o Extraviadas, emitido por el Consejo Nacional de la Judicatura, este “no establece el tiempo de duración de las acciones que se describen para las primeras dos etapas, ni cuándo se pasa de una etapa a la otra. Tampoco se vincula las acciones del Protocolo con el registro centralizado de personas desaparecidas a cargo de la Policía Nacional. Así mismo, no existe claridad respecto a la instancia rectora de la investigación, pues, por ejemplo en los casos de delitos la dirección de la indagación está a cargo de la Fiscalía y la intervención de la Policía Nacional se realiza en su calidad de órgano auxiliar de la misma”.
Para el Parlamento del país andino las desapariciones tampoco se plantean como tema a debatir. En la actualidad ningún asambleísta ha propuesto llevar el problema a la discusión parlamentaria, según aseveró la asesora legal de Asfadec, y solo algunos diputados han brindado apoyo para casos puntuales.
“Esta vez es el dolor de las familias de Marina y María José lo que vuelve a poner en el tapete de la opinión pública las debilidades y ausencias estatales en materia de investigación y sanción a los responsables. Este caso ha dejado entrever los prejuicios y las etiquetas que se ponen sobre las víctimas y ha mostrado la ausencia de un trato reparador y digno que tienen la obligación de darnos y ha evidenciado la falta de verdad y justicia en el país”, afirmó Pacheco.
El último adiós en silencio
El pasado viernes 1 de abril fueron sepultados los cuerpos de Marina y María José en su Mendoza natal, al norte de Argentina. Cerca de 200 personas acudieron al sepelio en el que hubo globos blancos, palomas y silencio.
Las hermanas de Marina, Paula y Leticia Menegazzo, llegaron desde Guayaquil junto con los restos repatriados de las chicas. Los familiares, muy activos desde el día de la desaparición, optaron por mantenerse alejados de la prensa. Un periodista le consultó a Paula si había alguna novedad sobre las experticias realizadas en Cuenca, Ecuador, y ella sólo expresó: “No sabemos nada y por ahora eso es lo que menos nos importa¨.
Con nombre y apellido
Juliana Campoverde
Juliana tenía 19 años cuando se despidió de su madre con un beso en el cruce de las calles Ajaví y Mariscal Sucre, en Quito, el 7 de julio de 2012. Allí se separaron para ir cada una a sus respectivos trabajos. Pero Juliana nunca llegó al centro naturista donde laboraba. Desde entonces, sus familiares no han cesado en hacer diligencias para encontrarla.
Juliana asistía desde los 11 años junto con sus padres a una iglesia evangélica cercana a su residencia, pero un mes antes de desaparecer sin dejar rastro, los tres decidieron dejar el culto porque estaban obligando a Juliana a casarse con uno de los pastores. “Desde el primer día le dijimos a los fiscales y a los policías que investigaran al pastor y a la iglesia a la que asistía mi hija”, dijo Elizabeth Rodríguez. La primera fiscal que conoció de este caso también era de credo evangélico, razón por la cual descartó los pedidos de la madre de Juliana de que se investigara a los pastores de la iglesia. La misma traba encontraron en la policía, donde uno de los agentes dijo que primero tenía “que pedir permiso a su pastor” para investigar al religioso señalado por los familiares.
Asfadec recogió en un documento el rosario de irregularidades que imperaron en el caso de Juliana. Por ejemplo, se hallaron mensajes en la cuenta de Facebook de la joven de un hombre llamado Juan Solano, quien decía ser psicólogo. En los mensajes, Solano le “aconsejaba” a la chica contraer matrimonio con el pastor. Luego de las investigaciones se comprobó que Juan Solano era un alias usado por el mismo pastor para contactar a Juliana. Un peritaje realizado al computador del religioso determinó que los mensajes escritos supuestamente por Juliana en su cuenta de Facebook días después de su desaparición, se hicieron desde la dirección IP del computador del pastor. “Aunque ésta y todas las evidencias conducen a un responsable, la Fiscalía hace caso omiso para iniciar un proceso penal en contra del sospechoso”, señala el documento de Asfadec.
Carolina Garzón
La joven colombiana estudiante de periodismo llegó a Ecuador el 19 de marzo de 2012 con la intención de establecerse unos días en Quito para luego ir a Brasil a participar en un congreso estudiantil. Tenía 22 años y muchas ganas de conocer el mundo.
De Carolina Garzón no se supo más desde el 28 de abril de 2012, fecha en la que sus compañeros de residencia la reportaron como desaparecida. Ella vivía con otros estudiantes colombianos y argentinos. Su caso es uno de los más emblemáticos en la larga lista de desapariciones involuntarias, pues se dice que gracias a las gestiones de los familiares de la jovencita se visibilizaron otros casos y se llevó el tema al debate la opinión pública. En las primeras indagaciones nunca se tomó testimonio a todas las personas que estuvieron con Carolina al momento de su desaparición, no se indagó a quienes le conocían y frecuentaba, tampoco se realizó un rastreo de su línea telefónica, ni de sus cuentas electrónicas y de redes sociales, ni se realizaron búsquedas en los sistemas de vigilancia, refiere un informe de Asfadec.
Walter Garzón tuvo que dejar Bogotá y mudarse a Quito. Todos los días, Garzón se plantaba con carteles frente al Palacio de Gobierno a exigir respuestas al paradero de su hija menor. Subsistía con lo poco que le enviaba su familia desde Colombia y la ayuda eventual de asociaciones civiles. A él se fueron uniendo familiares de otros extraviados y de esos plantones surgió la idea de crear Asfadec.
El expediente de Garzón ha sido conocido por seis fiscales, “y ninguno de ellos cuenta con una o varias teorías debidamente estructuradas y que soporten su investigación”, asevera Telmo Pacheco, de Asfadec.
“La investigación de este caso ha dependido fundamentalmente de la iniciativa procesal de los familiares y abogada del caso. A la fecha, la fiscalía ecuatoriana no ha dado respuesta a peticiones de ubicación de posibles testigos y de indagación exhaustiva de hipótesis vinculadas a delitos sexuales o de tráfico de drogas que podrían estar relacionados con la desaparición de Carolina”, refiere la organización.
Luis Velásquez
Luis Alfredo Velásquez Cevallos desapareció el 2 de septiembre de 2012 por el Barrio San Virgilio, en la ciudad de Quito. Tenía 22 años de edad y era jornalero. Después de su desaparición, una familiar de Luis recibió una llamada telefónica en la que una voz masculina desconocida le indicó que sabía dónde estaba Luis Alfredo, “me debe 21 mil dólares y me voy a vengar”, sentenció el hombre antes de colgar. Nunca volvieron a recibir otra llamada.
Uno de los efectivos policiales que recibió el expediente del primer fiscal, quien lo calificó como un caso de extorsión, desestimó trabajar en él porque “no se trataba de extorsión sino de homicidio”. Sin embargo, nunca ha sido hallado el cuerpo del joven Velásquez.
El caso ha sido conocido por un total de ocho fiscales y no hay hipótesis sobre el móvil de la desaparición. Pericias fundamentales como entrevistas a profundidad a familiares, perfiles de la víctima, entrevistas a moradores y vecinos o reconstrucción de los hechos, a la fecha no han sido practicados.
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