Colombia enfrenta el auge de las franquicias criminales

La violencia se reconfigura: la desmovilización de los grupos guerrilleros significa una oportunidad para la paz de la sociedad colombiana, pero también nuevos retos. Las bandas criminales están replanteando sus modelos y pretenden obtener beneficios de la situación mediante el acceso a una mano de obra desempleada y con gran experiencia

Por Reyes Theis | @reyestheis

El optimismo que desató el proceso de pacificación de la guerrilla colombiana parece esfumarse. Un bombazo en un centro comercial de Bogotá ha traído a la memoria la era del terror de los “Extraditables” liderados por Pablo Escobar Gaviria.

En momentos en que el gobierno de Juan Manuel Santos se ocupa de la implementación de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y en diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 17 de junio una explosión en el Centro Comercial Andino dejó tres muertos y nueve heridos y a una sociedad incrédula buscando responsables.

Por ser sospechosos habituales, las miradas se centraron de inmediato en la guerrilla de izquierda que está en proceso de pacificación. Pero la reacción de ambas no demoró. “@FARC_EPueblo lamentamos y rechazamos el ataque ocurrido en el @Centro_Andino, condenamos con firmeza este hecho. Viva la paz en Colombia”, escribió el grupo en su cuenta de Twitter. Mientras el ELN dijo en la misma red: “@ELN_Paz repudia ataque en Centro Comercial Andino contra civiles. Compartimos el dolor y nos solidarizamos con las víctimas. (sigue) 2. @ELN_Paz pide seriedad a quienes hacen acusaciones infundadas y temerarias; hay quienes pretenden así hacer trizas los procesos de Paz”.

Y entonces, ¿quién fue?

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Nuevos grupos

El fenómeno del paramilitarismo no ha cesado. A pesar de que las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron en 2006, la totalidad de sus 40 mil integrantes no se insertaron en la sociedad. Continuaron haciendo lo que sabían, pero con otro esquema.

Ariel Ávila, politólogo y subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación explica en un artículo en el portal de esa ONG cómo se han reconfigurado los grupos paramilitares en Colombia. Dice que hace dos años en Buenaventura, el puerto más importante del país, ocurrió una confrontación llamativa entre un grupo neoparamilitar llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y un grupo criminal local conocido como “La Empresa”, un esquema que hoy se repite en diversas partes del territorio colombiano.

“El primer hecho es la subcontratación criminal. Las AGC no se tomaron la ciudad a sangre y fuego, lo que hicieron fue asesinar a cuatro jefes de pequeños grupos juveniles violentos que vivían del expendido de droga, luego pusieron un jefe nuevo en cada grupo y los contrataron para que desde ese día empezaran a llamarse Urabeños, el otro nombre por el que también era conocido este grupo criminal”, explica.

Precisamente, una de las organizaciones sospechosas por el atentado al Centro Comercial son las AGC, un grupo que proviene de las Autodefensas Unidas de Colombia y que es denominada por las autoridades como “El Clan del Golfo”. 

Y continúa: “Es decir, había una fuerza de élite llamada AGC y luego, en varias zonas del país, subcontrataron delincuentes locales para que fueran la segunda línea de operación. En Buenaventura fue donde comenzaron a formarse estos tipos de grupos, estaban conformados por no menos de diez jóvenes y no más de 30. La Empresa también hizo lo mismo y creó grupos de jóvenes para afrontar la guerra. Cada estructura dividió la ciudad en zonas y designó a un interlocutor que era el encargado de mantener cierto control sobre estos grupos juveniles. Como resultado Colombia ahora es así, la delincuencia se subcontrata a nivel local y regional, y las franquicias criminales hoy son el común denominador”.

Precisamente, una de las organizaciones sospechosas por el atentado al Centro Comercial son las AGC, un grupo que proviene de las Autodefensas Unidas de Colombia y que es denominada por las autoridades como “El Clan del Golfo”. Antes era conocido como Los Urabeños y el Clan Usuga.

El epíteto de “Gaitanistas” es un intento –de acuerdo a las autoridades- de darle una vinculación política a sus actividades del clan, cuyo negocio principal es el narcotráfico y que según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) cuenta con 560 redes criminales.

Este grupo ha sido señalado de asesinatos a policías en nueve departamentos del país, en la aplicación de un plan denominado “pistola” y que ha cobrado la vida de más de 40 funcionarios, que han sido emboscados, atacados con granadas u otros explosivos. Según la revista Semana, para estos ataques los miembros del Clan del Golfo o AGC, usan a sus sicarios o los contratan.

Con las AGC ocurrió un hecho interesante en mayo pasado, cuando algunos de sus miembros contrataron a integrantes del Frente 30 de las Farc que estaba desmovilizado para concretar unos asesinatos de policías. De esta forma quedó claro que las rivalidades ideológicas entre paramilitares y guerrilla son cosas del pasado, y que también en este plano business is business.

El grupo no se desmarcó del atentado reciente en el Andino, pero el 19 de mayo, un mes antes del hecho, señaló en un comunicado colgado en su portal en Internet: “Es falso que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia tengan un plan criminal denominado Plan Pistola. Igualmente es mentira que ofrezca recompensas a los ciudadanos colombianos que les quiten la vida a los miembros de la Policía Nacional” y añadieron que “Es mentira que las Autofensas (SIC) Gaitanistas de Colombia hayan planeado ataques a la población civil colombiana con carros-bomba o con cualquier tipo de artefacto que ponga en peligro o riesgo la vida de nuestros compatriotas”.

Para completar el cuadro de los sospechosos del atentado está el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) que apareció públicamente el año pasado y ha reivindicado la explosión de varias cajas sonoras, con panfletos criticando el proceso de paz, al presidente Santos y al ex presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, este grupo se desmarcó de la explosión.

El fiscal explicó a la BBC que el pasado 16 de marzo dos de las personas detenidas fueron capturadas con explosivos en sus manos y con mapas “que acreditarían que estaban perpetrando una actividad claramente terrorista”.

“El Movimiento Revolucionario del Pueblo MRP rechaza el atentado cobarde contra la población asistente a un centro comercial en la ciudad de Bogotá… Es a las claras un acto dirigido a causar destrucción no solo material, también moral, además de confusión y miedo. Somos defensores de la acción, de la resistencia popular contra los actos del mal gobierno y en ese sentido condenamos el sinsentido de actos con una perversa orientación, como el ocurrido en Bogotá”, dice el comunicado del grupo.

No obstante, a pesar de la declaración del MRP el sábado 24 de junio las autoridades colombianas anunciaron la detención de cuatro hombres y cuatro mujeres que se presume pertenecen al grupo y estarían relacionados con el hecho. La Fiscalía colombiana dijo que tiene elementos que le permiten “inferir razonablemente autoría que comprometería a este movimiento”, aseguró el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez.

El fiscal explicó a la BBC que el pasado 16 de marzo dos de las personas detenidas fueron capturadas con explosivos en sus manos y con mapas “que acreditarían que estaban perpetrando una actividad claramente terrorista”. Aseguró que al ser llevados ante un juez de control de garantías con la formulación de delitos de terrorismo y porte de explosivos, el juez determinó que no podía considerarse el delito de terrorismo porque la bomba no había sido colocada ni había explotado.

Martínez reveló además que la Fiscalía solicitó el viernes 16 de junio (un día antes del atentado en el Centro Comercial Andino) nuevamente que se detuviera a uno de ellos, pero otro juez de garantías encontró que no había méritos.

Los retos de la paz

El cambio del modelo de negocio del paramilitarismo, de pasar de una organización centralizada a constituirse en franquicias locales, trae consigo nuevos retos para la paz en Colombia, entre otras cosas porque el enemigo natural de este grupo –la guerrilla- se está desmovilizando, pero además, porque esa desmovilización les puede proveer de una mano de obra familiarizada con las actividades criminales que realizan, como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Es decir, de gente que ahora estará desempleada tras la concreción del proceso de paz.

Precisamente sobre la implementación de los acuerdos hay grandes dudas. El senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático (uribismo) y experto en el conflicto armado, explicó hace dos semanas en el Senado los nubarrones de la desmovilización y el desarme de las Farc.

Aseguró que aunque se habla de que la guerrilla va a entregar 7 mil armas, en realidad serían más de 34 mil las que están en su poder. Por otra parte, destacó que hay más de 3 mil milicianos que no se acogerán a la desmovilización y que el gobierno se ha comprometido a crear un grupo de escoltas conformados por 1.200 hombres para que custodien a los guerrilleros de las Farc, a los que les serán entregadas armas para que cumplan con su trabajo, se les pagará un sueldo y cuya fuente de reclutamiento será los mismos integrantes del grupo guerrillero.

Ahora, con la desmovilización de las Farc y el posible mismo destino del ELN, los riesgos también se replantean en las fronteras colombianas, especialmente con Ecuador y Venezuela.

“Es un grupo paramilitar que se está gestando en el interior del Estado. Van a pasar de guerrilleros a paramilitares, infiltrados dentro de un organismo de seguridad del Estado, con acceso a toda la información”, advirtió.

Entretanto, una investigación de la Fundación Justicia y Reconciliación, hace seguimiento a la implementación de los acuerdo de paz con las Farc. Los resultados indican que antes de los tratados, ese grupo guerrillero operaba en 242 municipios y luego de la firma se movilizaron a solo 26 puntos del territorio colombiano.

Surge entonces el concepto de “Zonas Posfarc”, estos son territorios donde las Farc operaban política y militarmente y tenían presencia estable e injerencia en las relaciones sociales y económicas de la zona. Ahora, tras los acuerdos, ya no están.

En ese sentido, la Fundación halló que se han presentado cinco fenómenos tras la salida de las Farc de esas zonas: la expansión del ELN en Norte Santander y Arauca (frontera con Venezuela), disidencias de las Farc en Caquetá, Guaviare y Tumaco (sur de Colombia); la presencia de grupos armados organizados (Bacrim-neoparamilitares) que se han extendido en toda la costa pacífica, Urabá y Putumayo; una anarquía criminal generada por el vacío de poder, con un aumento en la violencia debido a la ausencia de un actor que regule la seguridad y convivencia e incremento de delitos como robo de ganado, motos, riñas entre vecinos y extorsión, en las zonas del Meta, Caquetá y Antioquia y por último, un esfuerzo de presencia institucional del Estado en el Meta y Tolima.

Dice la Fundación Justicia y Reconciliación que en algunos municipios se advierte la presencia de nuevos grupos armados, organizados y estructuras criminales, los cuales tendrían interés de controlar las economías criminales como los cultivos de coca, la minería ilegal y la extorsión. Una realidad que parece estar permeando a los países vecinos.

Hacia Venezuela

El investigador Ariel Ávila dirigió en 2011 un trabajo que resumió en el libro “La frontera caliente entre Colombia y Venezuela”. En mayo de 2012, en una entrevista para el diario El Universal, explicó que tanto la guerrilla como los grupos paramilitares estaban bien extendidos por la frontera colombo-venezolana y que la presencia de estos grupos en el territorio venezolano no se trataba de un asunto político-ideológico: “Lo que encuentras es que las diferencias ideológicas son como un chiste cuando ves la operatividad de estos grupos (criminales)”, dijo.

En ese momento se había identificado al grupo de Los Rastrojos (hoy extinto) como el más fuerte en la zona de frontera con presencia en tres partes: la alta Guajira, de Maicao hacia el norte, cuyo principal centro era Maracaibo, la zona metropolitana de Cúcuta, parte de San Cristóbal con los municipios cercanos y un poco menos, al sur de la Guajira.

El segundo grupo más fuerte era el ELN, que operaba en el eje Arauca-Apur. Y los otros eran las FARC, que controlaban la Serranía de Perijá, y los Urabeños, que hacian lo propio en el departamento del Cesar.

Ya hace seis años los grupos paramilitares operaban bajo la modalidad de franquicia. “Funcionan como una empresa criminal que utiliza filiales. Llegan a un municipio y coge la banda de delincuentes y les dice desde ahora ustedes se llaman Rastrojos, me colaboran en el narcotráfico y me pagan un derecho por utilizar mi nombre y yo los ayudo a consolidar una ruta para pasar gasolina, etcétera”, explicó Ávila.

Ahora, con la desmovilización de las Farc y el posible mismo destino del ELN, los riesgos también se replantean en las fronteras colombianas, especialmente con Ecuador y Venezuela.

El experto en seguridad venezolano Javier Gorriño explicó a Vértice el escenario: “Los que estaban en las Farc tienen más de la mitad de su vida en este tipo de acciones. Incorporarse en una vida normal les va a costar, porque no tienen la experiencia laboral. Tienen que ponerse a trabajar, a hacer familia y siempre van a tener presente la actividad que hicieron durante la mitad de su vida, que es el secuestro, el enfrentamiento y el narcotráfico, entonces pueden volver a esas actividades, pero ya no para la organización (guerrillera) sino para ellos mismos”. En ese sentido, considera que esta realidad va a comenzar en los estados fronterizos de la frontera colombo-venezolana y luego va a permear a otras partes de Venezuela.

Algunas consecuencias de los cambios en las estructuras criminales de los grupos violentos colombianos y de la desmovilización guerrillera ya se evidencian en territorio venezolano. El periodista Javier Ignacio Mayorca escribió recientemente que según fuentes militares “el sector occidental del estado Zulia, en especial los municipios Machiques de Perijá y Catatumbo, se ha convertido desde finales de 2016 en el principal punto de aterrizaje y despegue de vuelos ilícitos. Las aeronaves van y vienen a distintos países centroamericanos, en especial Honduras, que continúa ofreciendo condiciones apropiadas para el bombardeo de alijos de drogas. Hay algunas trazas de vuelo que ocasionalmente pasan por cielos de Falcón y llegan hasta el centro del país, presumiblemente el estado Guárico”.

Según Mayorca, “Lo interesante es que de repente el estado Apure, que hasta 2016 sirvió como caleta de drogas y portaviones de aeronaves sospechosas, ahora no tiene mayor relevancia. Esta mudanza hacia el norte de la actividad de transporte de drogas podría estar asociada a la reactivación de uno de los antiguos bastiones de las FARC, como es el eje Tibu-Río de Oro. Los guerrilleros ahora desmovilizados se habrían juntado con elementos del Ejército de Liberación Nacional, bajo el mando de alias Pablito, para ocupar esos predios”.

Por otra parte, la corrupción de los cuerpos policiales y militares venezolanos, distraídos además en una severa crisis política, más la desaparición de la guerrilla como cuerpo, podrían hacer que sujetos desmovilizados y bandas neoparamilitares busquen sociedad con aliados en territorio venezolano, extendiendo su brazo criminal y convirtiéndose en un aparato trasnacional del crimen organizado. De esta forma, las fronteras entre las dos naciones se habrán borrado, no para la integración binacional en beneficio de sus pueblos, sino para la delincuencia, que sabe aprovechar los vacíos de poder con efectivo, plomo y coca.