Derechos humanos en Cuba: la ONU no quiere molestar a Castro

Desde 2007 la isla no recibía la visita de enviados de la Organización de Naciones Unidas. Este año invitó a las relatoras sobre trata de seres humanos y derechos humanos pero las expertas terminaron envueltas en la retórica oficial y esquivaron las múltiples denuncias de organizaciones disidentes dentro y fuera de Cuba. Conversamos con María Werlau, directora de la ONG Cuban Archive

Por Oscar Medina | @oscarmedina1

El gobierno cubano y la Organización de Naciones Unidas están en un buen momento. En los últimos diez años el régimen de los Castro no había permitido la entrada a la isla de ningún experto en derechos humanos de la ONU. Y en lo que va de 2017 ya son dos las visitantes ilustres: Maria Grazia Giammarinaro y Virginia Dandan. Pero ambas parecen haber ido a ver solo lo que les quisieron mostrar.

Giammarinaro es la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de trata de seres humanos y pasó algunos días de abril en La Habana. Virginia Dandan es la Relatora sobre Derechos Humanos y Solidaridad Internacional y estuvo en la isla entre el 11 y el 14 de julio.

Para los cubanos víctimas de violaciones de sus derechos humanos y para el exilio, la visita de Dandan ha dejado un amargo sabor de boca. La relatora, de origen filipino, dio una conferencia de prensa el 14 de julio en la que esquivó temas espinosos como las denuncias de persecución, la existencia de presos políticos y el acoso a los ciudadanos disidentes: “Estoy en Cuba con el propósito de observar las actividades de solidaridad internacional del gobierno y las organizaciones internacionales con sede aquí. Dentro de la solidaridad internacional está la solidaridad preventiva que corresponde a la acción colectiva de los Estados y que debe respetar la convención de los derechos humanos”. Lo otro, no estaba en su agenda.

Copado su tiempo en reuniones con sectores oficiales o con organizaciones que responden a líneas gubernamentales, Dandan incluso se permitió apuntar que en Cuba no existe un sector opositor en la sociedad civil: “No sé a qué se refiere por oposición. Francamente no sé quién está en la oposición”.


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El 15 de julio el diario digital 14yMedio la bautizó en un artículo como “La experta que no hace preguntas”.

Le llamó, eso sí, poderosamente la atención el efecto del embargo estadounidense: “Entre toda la documentación que tengo que analizar, espero poder averiguar más sobre los inconvenientes causados por el bloqueo, su impacto en la capacidad de los cubanos de disfrutar de sus derechos económicos y sociales”. Y elogió el sistema de “cooperación” exterior de Cuba, ese que envía a médicos, educadores y entrenadores deportivos en misiones a otros países. El mismo que ha sido denunciado por organizaciones independientes como Human Rights Foundation y Cuban Archive como un mecanismo de tráfico y explotación humana.

De este punto debió ocuparse antes Maria Grazia Giammarinaro. Pero también evitó el asunto. En su declaración oficial al término de su visita, Giammarinaro expresó especial preocupación por aspectos sin duda importantes como la explotación sexual y la necesidad de reforzar el marco legal cubano para prevenir y atacar el problema del tráfico de seres humanos. Pero nada dijo sobre este mecanismo que envía a cubanos al extranjero, subpagados, vigilados en extremo y violando toda normativa internacional sobre los derechos de los trabajadores y que ha resultado un gran negocio para el gobierno de La Habana: entre 2011 y 2015 produjo 11 mil 543 millones de dólares anuales en promedio para el régimen, de acuerdo a datos del ex ministro de economía cubano José Luis Rodríguez.

Un informe sobre esto descansa en alguna gaveta del despacho de Giammarinaro desde el 14 de abril. Fue entregado por Human Rights Foundation y por Cuban Archive y allí se describen los cinco mecanismos desarrollados por Cuba: la exportación de servicios de trabajadores temporales, la emigración patrocinada o forzada por el Estado, el trabajo forzado y el tráfico sexual y la venta de sangre humana y partes del cuerpo.

Sobre este informe Vértice publicó una nota en detalle. Consultada ahora, María Werlau, directora de la ONG Cuban Archive, asegura que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna por parte de Giammarinaro ni han tenido oportunidad de presentar estas denuncias ante otra instancia internacional ni de la propia ONU.

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¿La relatora Gianmmarinaro se conforma con la versión oficial de La Habana?

Sí.

¿Hay conciencia en la ONU sobre las dimensiones del problema de tráfico humano en Cuba o simplemente prefieren mirar a otro lado? 

Cuba tiene una presencia muy grande y desarrolla un trabajo muy fuerte dentro de la ONU y todos sus organismos. Infiltra, influye, o confunde con su propaganda.

¿Qué podría hacer la ONU -o alguna otra instancia internacional- ante la situación de explotación humana en Cuba?

Como mínimo, reportar las cosas como son.

¿Cuál es el estimado que manejan ustedes sobre la cantidad de cubanos en el mundo actualmente bajo este esquema de “misiones”?

Los únicos “estimados” provienen de los informes de altos funcionarios cubanos. Se dice que hay alrededor de 65.000 cubanos sirviendo en el exterior al Estado cubano como trabajadores temporales.

¿Qué pasaría con la economía cubana si el mundo reacciona en contra de esta forma de explotación?

Creo que el gobierno de Cuba se vería obligado a una verdadera restructuración, la economía no aguantaría el golpe sin una hambruna. Lo que quiere decir que, al fin, se verían obligados a liberar la economía para que el pueblo cubano pueda producir y crear riqueza sin mediar una economía centralizada, improductiva y parásita, controlada por una dictadura militar empeñada en un capitalismo de Estado para el beneficio de unos pocos.

Las relaciones internas de trabajo siguen más o menos el mismo patrón: una empresa estatal suministra empleados a compañías extranjeras y el Estado se queda con una parte importante de lo que cobra por empleado. ¿Esto también es explotación humana? ¿Por qué se tolera? 

Por supuesto que es explotación y va en contradicción a garantías internacionales básicas, incluyendo múltiples convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Se tolera, más bien se es cómplice, por la hipocresía y la falta de consecuencia de los gobiernos del mundo, de los organismos internacionales y la prensa influidos o penetrados por Cuba y/o controlados por la izquierda simpatizante de la dictadura cubana. Además, cargamos como defensores de los derechos humanos, dentro y fuera del exilio cubano, una gran cuota de culpa, por permanecer de brazos cruzados y no apoyar esfuerzos sistemáticos y efectivos para combatirlo.