El drama de los narco-indígenas

Tras años de abandono estatal y penetración de la guerrilla colombiana en la Sierra de Perijá, en el occidente de Venezuela, los indígenas de la etnia Yukpa están abandonando actividades tradicionales para ganarse la vida trabajando en laboratorios clandestinos para producir droga. Vértice cuenta la historia

Por: Dámaso Jiménez | @damasojimenez

Fotografías: Gustavo Baüer

(El Tukuko, Zulia, Venezuela) – Los indígenas de las etnias Yukpa y Barí, pueblos que habitan una amplia zona de la frontera noroccidental de Venezuela con Colombia, saben sembrar y abrirse paso selva adentro con rastrillo y machete, en un largo y duro trajinar que se prolonga hasta por diez horas al día, una actividad que han desempeñado por centurias.

Como lo han hecho desde hace siglos, los yukpa y los barí viven en chozas fabricadas con una combinación de madera, caña brava y hojas de palma llamada “muna”. Los sembradíos que fundamentan su sustento, y cuyos excedentes destinan al comercio, incluyen una variada gama de legumbres y frutas: maíz, ocumo, yuca, limón, piña.

Pero este modo de vida, sin embargo, está cambiando a una gran velocidad. Un reciente incendio en la Sierra de Perijá, el ámbito montañoso que sirve de eje central en la vida de estas etnias, destruyó sembradíos y erosionó amplias extensiones de tierra cultivable.

La fuerte crisis económica de Venezuela, considerada la peor de su historia, impacta más notable en estos parajes como Tukuko, alejados de los grandes centros urbanos, donde los productos tienen hasta cuatro veces el valor en los llamados mercados de “bachaqueros”, una red de especuladores surgidos al calor de la dramática escasez de productos.

Ante el hambre y la miseria muchos indígenas yukpa y barí se han visto en la necesidad de acudir a otras opciones, más peligrosas.

De acuerdo a una investigación de Vertice en diversas localidades de la Sierra de Perijá, un nuevo fenómeno está comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones de indígenas en la zona: la migración creciente para buscar trabajo en laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de pasta de coca, controlados por el grupo narcoguerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), en diversos puntos de la intrincada serranía.

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La miseria empuja

El nombre yukpa significa “indio manso”. Los yukpa hacen vida comunitaria en una zona que abarca desde esta localidad del Tukuko, hasta la cumbre norte de la Sierra de Perijá. Son los únicos herederos de la lengua Caribe, etnia indígena del siglo XVI cuyo encuentro con el explorador alemán Ambrosio Alfinger en 1530 en las inmediaciones del lago de Maracaibo quedó registrado en las Crónicas de Indias.

Actualmente el promedio de una familia yukpa es de 8 personas, la mayoría niños enfrentados a una situación extrema de desnutrición y miseria. Es la etnia con mayor población de las cuatro que residen en la zona, con unos 15.000 viviendo entre Venezuela y Colombia. Su antiguo territorio se extendía desde el valle del río Cesar –en Colombia- hasta el Lago de Maracaibo, en Venezuela; pero ahora lo que queda es apenas una fracción de esos extensos terrenos.

Los miembros del ELN alegan que se encuentran en territorio venezolano autorizados por el gobierno nacional

La situación que está empujando a los indígenas al negocio de la coca ha sido provocada, según expertos, por la confluencia de diversos factores.

Viejas heridas en el pasado relacionadas a la delimitación de tierras ancestrales han enfrentado a los yukpa con productores de la zona, creando importantes limitaciones a su capacidad de producción.

En segundo lugar, el hambre desatada por la actual crisis nacional así como la falta de medicamentos para tratar enfermedades que ya habían sido erradicadas como la tuberculosis, neumonía, hepatitis B y C, y cólera, mantiene latente el temor de nuevas pandemias.

Por último, la imposibilidad de vivir de las cosechas está obligando a los jóvenes indígenas a buscar el sustento en los laboratorios clandestinos del ELN.

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Así opera la narcoguerrilla

José Quintero Weir, profesor coordinador de la Unidad de Estudios de Culturas Indígenas de la facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia (LUZ) y colaborador de asuntos indígenas de la Universidad Autónoma de México, viene realizando un extenso trabajo de campo en la zona desde hace 15 años y reveló a Vértice cómo operan los grupos irregulares del ELN a través de por lo menos un gigantesco laboratorio clandestino de estupefacientes que funciona en pleno río Catatumbo, en una isla de 250 hectáreas llamada Frontalia, ubicada en una posición particular en la línea fronteriza entre Venezuela y Colombia.

“Lo ocupa el ELN, una de los grupos guerrilleros con los que aun no se ha firmado ningún acuerdo de paz por diferencias irreconciliables”, dijo Quintero Weir. “Los indígenas no están colaborando con ellos, son obligados por estos grupos armados a trabajar en este tipo de actividades, principalmente los más jóvenes, con la mirada esquiva del gobierno de Maduro, que sabe de la presencia de estos grupos a lo largo de la Sierra de Perijá”, dijo el experto en entrevista con Vértice.

Quintero Weir precisó que al menos ocho comunidades indígenas se encuentran invadidas por estos grupos irregulares que se movilizan en motos, vehículos rústicos pick up y camiones 350, entre ellas las poblaciones de El Tukuko, Shirapta, Aroy, Bokshi, Kunana y Casmera.

El académico de LUZ advirtió que el gobierno de Maduro es responsable de haber “quebrado la lucha y la resistencia indígena por la defensa de su propio territorio”, refiriéndose también al asesinato en extrañas circunstancias del cacique Sabino Romero, líder fundamental de los yukpa, en marzo de 2013.

Para los grupos insurgentes colombianos no existe una noción de respeto sobre la autonomía territorial de los pueblos indígenas, principalmente porque dicen tener apoyo del gobierno bolivariano

El académico, que prepara un libro sobre la presencia de de estos grupos insurgentes en la Sierra de Perijá, explicó que los indígenas fueron despojados del control de su territorio por las FARC y el ELN, y que la poca disponibilidad de la FANB para frenar a los invasores irregulares armados prácticamente ha neutralizado la vigilancia y protección en los puestos fronterizos del lado venezolano.

Para el sociólogo y dirigente indígena Juan Carlos de la Rosa, los guerrilleros colombianos actúan en connivencia con el gobierno de Nicolás Maduro y la Fuerza Armada venezolana.

“A ellos (los guerrilleros del ELN) les muestran un papel en donde supuestamente se establece que las comunidades deben colaborar y aceptar la presencia de la guerrilla en su territorio. Los miembros del ELN alegan que se encuentran en territorio venezolano autorizados por el gobierno nacional”, responde el director de la Fundación para la Cultura y la Educación Propia de los indígenas en defensa de los yukpas que trabajan en estos laboratorios clandestinos.

“Tememos que con la firma de la paz en Colombia mucho del territorio venezolano sea ocupado por milicianos de la FARC y el ELN con complicidad de la oficialidad de la FANB y el gobierno nacional, en una extraña simbiosis que ha hecho mucho daño a nuestros indígenas”, puntualizó.

De la Rosa, que es miembro de la Fundación indígena para la Cultura y la Educación Propia, que promueve los valores autóctonos de los yukpas y barí, dijo que es absolutamente explicable que la crítica situación de hambre y de falta de medicamentos que raya la crisis humanitaria en los pueblos indígenas apostados en la Sierra de Perijá, esté provocando el éxodo de jóvenes a actividades como la fabricación clandestina de coca y la minería ilegal.

El activista dijo que aunque los indígenas no ven con buenos ojos las operaciones de los grupos irregulares armados en su territorio, con frecuencia son obligados a desempeñar esta clase de trabajo de alto riesgo, aunque desconoce qué tipo de paga reciben a cambio.

“Para los grupos insurgentes colombianos no existe una noción de respeto sobre la autonomía territorial de los pueblos indígenas, principalmente porque dicen tener apoyo del gobierno bolivariano”, indicó De la Rosa.

“En momentos pasados los gobiernos tenían una posición mucho más dura y radical contra estos grupos armados que invadían el territorio indígena desde Colombia, pero el actual gobierno ha intentado involucrar a estas guerrillas con las comunidades indígenas que se encuentran muy vulneradas en su resistencia y en la organización política de sus pueblos para auto gobernarse, condenándolos a una vida de supervivencia”, acotó el sociólogo.

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La visión de la Iglesia

Según el hermano Nelson Sandoval Zambrano, misionero capuchino de la misión El Tukuko que regenta la educación de unos 300 niños y jóvenes de las etnias Yukpa y Barí, la mayoría de los indígenas están conscientes de la presencia de elementos irregulares que se encuentran de paso en la sierra, “pero no conviven con ellos”.

“Sencillamente se ven empujados por la situación de extrema necesidad por la que atraviesan”, indicó el religioso.

Sandoval detalló que estos irregulares usan el paso de la sierra como zona de aliviadero y descanso ante el conflicto que mantienen con el Ejército colombiano.

Los miembros del ELN se trasladan abiertamente por el Tukuko y el camino pedregoso y selvático hacia Bachichida y Saimadoyi, sierra adentro, de acuerdo a testimonios recogidos por Vértice. Algunos indígenas que pidieron no identificarse por razones de seguridad, aseguran que los irregulares se movilizan con frecuencia en dos unidades de apoyo, una camioneta marca Toyoya y un camión 350 de mayor envergadura. “También se movilizan con motos otorgadas por el gobierno venezolano”, aseguró una de las fuentes.

El Ejército venezolano ha combatido los laboratorios clandestinos y erradicado los cultivos de plantas de coca, amapola y marihuana a través de operaciones militares que se han realizado en las 300 mil hectáreas que comprende el sector montañoso de la Sierra de Perijá.

En diciembre del 2014 el ministro para la Defensa, general Vladimir Padrino, informó sobre el desmantelamiento de dos laboratorios que procesaban cerca de 800 kilos de pasta de coca en una operación que superó lo incautado en la sierra en el año 2013, cuando el entonces ministro Miguel Rodríguez Torres dio cuenta de 39 toneladas de droga incautada en el eje montañoso fronterizo. Desde entonces no se conocen nuevos balances contra estos laboratorios clandestinos.

Pero en los caseríos indígenas cercanos al Tukuko la necesidad huele a peligro. El fraile Sandoval, rodeado de varios jóvenes indígenas internados en la misión que dirige, habla claro sobre los riesgos de dejar el trabajo del campo por cualquier otra actividad ilícita.

“Aquí todo el mundo sabe de la existencia de esos laboratorios. La parte más problemática es la cantidad de gente que va a trabajar allí por necesidad buscando que les paguen bien, pero no podemos olvidar la implicación moral que esta actividad conlleva y el peligro latente de un ataque, porque estamos hablando de un emporio del narcotráfico”, explica.

El religioso viste de hábito marrón, recorre a diario todos los parajes cercanos a la misión en busca de alimentos, ropa y libros para los niños. Tiene voz de liderazgo y es escuchado y respetado por yukpas y barí.

“Los indígenas saben del peligro latente que involucra trabajar en laboratorios de esta naturaleza y alertamos a los más jóvenes, pero muchos de ellos que son padres de familia confiesan que la situación del país obliga también a hacer eso, entonces ¿cómo reclamarle a los indígenas que no vayan a trabajar allí cuando sus hijos se les están muriendo de hambre?”, acota el padre de la orden de los capuchinos.

El padre Sandoval tiene más de 18 años tratando de educar y graduar de bachilleres a los más jóvenes de las distintas etnias que conviven mezcladas. Los miembros de su comunidad llevan a cabo diversas tareas, aprenden sobre labores agrícolas, aunque algunos sueñan con ir a universidades y regresar con una profesión con la que puedan prestar un servicio a la comunidad.

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Que se vayan

El alcalde del municipio Machiques, Alfonso “Toto” Márquez, asegura que los campamentos del ELN se encuentran montaña arriba en los asentamientos de los indígenas barí, y las FARC más hacia el sur de la montaña en Río de Oro, colindando con los municipios Rosario y Catatumbo, pero se movilizan libremente por los diferentes caseríos indígenas con conocimiento del gobierno colombiano y la complacencia del gobierno venezolano.

En el caso de las FARC el alcalde del municipio fronterizo dice apostar por el proceso de paz porque desea que los irregulares abandonen el territorio venezolano y regresen a su país. En el caso del ELN la situación se hace más crítica por la violencia y secuestros contra colombianos planificados desde territorio venezolano.

“Yo quiero que el ELN y las FARC salgan de nuestro país. He hablado con ellos en diversas oportunidades y les he dicho que apostamos por el proceso de paz para que una vez consolidado abandonen la Sierra de Perijá”, advierte el alcalde Márquez.

Para Márquez, cuya familia ha sido víctima del secuestro de estos grupos guerrilleros en varias oportunidades, resulta ilógico que el ELN planifique sus actividades delictivas, como el incendio de vehículos y los ataques y secuestros contra la población civil colombiana, desde nuestro territorio y no haya una reacción de parte del gobierno venezolano.

“Hay que decir que los ‘elenos’ deambulan libremente con apoyo del presidente Maduro y el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, infiltrando la Sierra de Perijá y exponiendo a la población indígena yukpa y barí a la violencia y el narcotráfico”.

Márquez señala al ELN de estar involucrado en el robo de ganado que afecta las fincas venezolanas y lo mismo que de llevar a los indígenas a trabajar en los laboratorios de droga clandestinos.

“No puede ser que nadie haga un reclamo por lo que viene sucediendo en la frontera con los irregulares colombianos. También resulta inaudito que ante toda esta violencia implementada por el ELN en Colombia el gobierno venezolano no diga nada”.