Ecuador deporta a refugiados obedeciendo órdenes de Cuba

Durante la madrugada del 6 de julio las fuerzas policiales desalojaron de forma violenta un campamento en el que 149 refugiados cubanos se mantenían en protesta solicitando ayuda humanitaria para viajar a México y desde allí solicitar asilo en Estados Unidos. La mayoría de ellos fueron regresados a la isla y activistas denuncian que en el procedimiento se violaron derechos humanos y tratados internacionales

Por Stephan Küffner | @skueffner

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La expulsión de más de cien cubanos por parte de las autoridades ecuatorianas durante el mes de julio puso el último clavo en el ataúd de su política de buscar “ciudadanía universal.” Ecuador actuó como cualquier otro país dispuesto a usar recursos hasta dudosos para alejar a extranjeros de su territorio. Y peor aun: desnudó el sometimiento de su política exterior a influencias foráneas.

El presidente Rafael Correa dijo: “Nosotros no creemos en seres humanos ilegales, pero sí hay que cumplir con las normativas del país”. La realidad es que podría decirse que el gobierno ha trapeado el suelo con su propio sistema judicial. La crisis desembocó en una violenta acción anti migrante sobre la cual hay que apuntar que si ocurriese en Europa o Estados Unidos, se rasgarían las vestiduras numerosos comentaristas de Latinoamérica.

El grupo de 149 cubanos que protestaban en Quito, con permiso municipal y organizados en un campamento, buscaba que México otorgara visas humanitarias para que los beneficiados pudieran desde allá solicitar asilo político en EEUU.

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Los abogados de los detenidos desmienten esa versión. Insisten en que además de sufrir violencia física, se violaron sus derechos procesales

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Se trató de una acción desesperada en cuyo fondo está el acercamiento entre Washington y La Habana. Numerosos cubanos dispuestos a arriesgar todo para fugarse de la dictadura comunista han acelerado la huida porque temen que una de las implicaciones del descongelamiento sea el fin del beneficio especial del que gozan en Estados Unidos. Como se sabe, desde 1996, los cubanos que logran llegar a territorio estadounidense se pueden quedar en ese país (pies secos), mientras que los balseros interceptados por los guardacostas en alta mar (pies mojados) son devueltos a Cuba.

La crisis de este mes en Ecuador es un trágico hecho más entre los tantos que ha habido desde la normalización de las relaciones cubano-gringas, como el episodio en el que unos mil cubanos quedaron varados en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica en noviembre pasado, o el de aquellos que no pudieron llegar a Costa Rica desde Panamá en marzo, el mes de la histórica visita del presidente Barack Obama a La Habana.

Ecuador tampoco se ha cubierto de gloria. Grupos de choque de la policía disolvieron la manifestación la madrugada del 6 de julio. Los apresados fueron a parar a los calabozos de la policía judicial y al muy eufemísticamente llamado “Hotel Carrión”, la cárcel de deportación de la capital ecuatoriana.

Según el ministerio de Interior, las autoridades llevaron a cabo el proceso apegados a la jurisdicción local, con la policía actuando en beneficio de los cubanos, incluso protegiéndolos, y presentando a dos cubanos internados en el “Hotel Carrión” como testigos. Sin embargo, los abogados de los detenidos desmienten esa versión. Insisten en que además de sufrir violencia física, se violaron sus derechos procesales, cosa prohibida en acuerdos migratorios internacionales de los cuales el Ecuador forma parte.

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Por redes sociales algunos testigos difundieron testimonios desgarradores de familias separadas por los agentes policiales e incluso quedó registrada una golpiza en el primer piso del “Hotel Carrión”, visible desde afuera hasta que se apagó la luz de la habitación.

El proceso judicial se llevó a cabo de modo sumarísimo, impidiendo el trabajo de los defensores a los que, según la constitución y la doctrina internacional, cualquier persona tiene derecho. “En varias ocasiones la policía impidió el ingreso de abogados tanto a la unidad de flagrancia como al Hotel Carrión,” indicó uno de ellos, Francisco Hurtado: “Fueron varios los momentos de incomunicación, incluido en las audiencias en que los abogados tuvieron poco tiempo para conversar con los detenidos y preparar la defensa”.

Ni siquiera existe una lista pública de los expulsados. Constan solo cifras de tres vuelos de la Fuerza Aérea ecuatoriana desde los aeropuertos de Quito y Latacunga, con un total de 121 personas. Según Hurtado, “varias personas (no se sabe el número exacto) sí tenía posibilidad de quedarse en Ecuador y sin embargo sus ordenes de libertad fueron revocadas.” Tampoco pudieron apelar, y al pedir hábeas corpus dada su detención durante más de 24 horas sin presentarlos ante un juez, se les negó.

Tanto la cancillería ecuatoriana, dirigida por el inmigrante franco-británico Guillaume Long, como el Ministerio de Interior han cedido gozosamente la soberanía a Cuba en este caso. Según autoridades ecuatorianas, la cancillería cubana participó activamente en el proceso de repatriación de quienes intentaron huir de la dura vida en la isla. Y no es la primera vez que esto ocurre.

En mayo de 2014 los cubanos Larian Guillermo Vázquez Balach, Dunier Rivera Rodríguez y Michel Díaz Más denunciaron públicamente el maltrato al que fueron sometidos en el aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito. Según contaron llegaron a Ecuador por vía aérea cumpliendo con los requisitos exigidos por ese país, pero las autoridades de emigración les retiraron sus pasaportes y equipajes y los confinaron –junto a otras 18 personas- bajo vigilancia a la zona de abordaje. Allí pasaron trece días en condiciones precarias y fueron sometidos a maltratos psicológicos e incluso físicos por instrucciones del cónsul cubano a un oficial ecuatoriano. Finalmente, los montaron a la fuerza en un vuelo de regreso a La Habana.

Medios ecuatorianos han criticado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, por no mencionar el tema de los cubanos durante su visita a Ecuador que comenzó el 4 de julio. El jefe de ACNUR mas bien alabó al país por ser el que ha acogido el mayor número de refugiados en Latinoamérica, en su mayoría desplazados por la violencia en Colombia.

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Las obligaciones jurídicas internacionales actualmente en vigencia y que también obligan a Ecuador prevén la firme protección del derecho de las personas refugiadas a solicitar asilo

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No obstante, el organismo sí ha observado con cierta preocupación el acontecimiento del 6 de julio. Mientras que Grandi no tuvo un mensaje específico para los cubanos que buscaban salir de Ecuador, Sonia Aguilar, vocera de ACNUR en Quito advirtió que: “ACNUR ha expresado su preocupación a las autoridades ecuatorianas ante el posible hecho de que algunas de estas personas hayan sido deportadas sin que haya sido determinada previamente su necesidad de protección internacional y el consecuente riesgo para su vida o integridad. Y mantenemos un diálogo privado al respecto”.

La organización Human Rights Watch ha sido más directa a la hora de recordarle a Correa asuntos importantes: “Las obligaciones jurídicas internacionales actualmente en vigencia y que también obligan a Ecuador prevén la firme protección del derecho de las personas refugiadas a solicitar asilo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza “el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero” y asegura que “en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país . . . donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación…” (énfasis agregado). Este texto recoge el llamado “principio de no devolución” (non-refoulement), un pilar fundamental de la protección de las personas refugiadas que está previsto en la Convención sobre Refugiados y es ampliamente reconocido como parte del derecho internacional consuetudinario”, escribió en el diario español El País su director para las Américas, José Miguel Vivanco.

En ese texto publicado el 15 de julio tras documentar las irregularidades del caso, Vivanco advirtió: “Cualquier medida que vulnere las obligaciones de respetar el principio de no devolución y las garantías básicas del debido proceso viola derechos fundamentales y debería ser fuertemente condenada por los gobiernos de la región, el sistema interamericano de derechos humanos, la representación de la Organización de Naciones Unidas en Quito, y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados”.

Según ACNUR, Ecuador protege a 60 mil refugiados, 95% provenientes de Colombia, de entre los más de 200 mil colombianos que han cruzado esa frontera a lo largo de las décadas de conflicto interno. Mientras tanto, en años recientes han inmigrado cerca de 50 mil cubanos, según la cancillería ecuatoriana. Según Correa, casado con una belga, presionar a que Ecuador acoja sus pedidos de ayuda implica exigir que su gobierno participe en el tráfico de personas: “No nos vamos a convertir en un país coyotero, que sea un Estado coyotero.” Pero nadie ha acusado al gobierno de tal actividad, sobre todo cuando el “coyoterismo” implica un lucro, frecuentemente derivado en extorsión. En tal condición, otorgar refugio al australiano Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres ya sería entonces “coyoterismo”.

En cualquier país las políticas migratorias siempre están entre las más complejas y sensibles. Suscitan controversias en todo el orbe, en naciones tan diversas como Suecia, Rusia, Sudáfrica, o República Dominicana. Los atentados y ataques en Francia, Bélgica, EEUU, Reino Unido o Alemania traen al debate la migración, abonando un fecundo suelo para populismos de toda índole. Sin embargo, cabe preguntarse por qué el castrismo no ha logrado que cese la fuga de personas de Cuba, y por qué Ecuador se ha vuelto centro de emigración de personas que quieren entrar irregularmente a EEUU. Existe una nueva ruta de tráfico humano que trae a migrantes de Cuba y hasta de África río arriba desde Manaos, por el minúsculo pueblo fronterizo Nuevo Rocafuerte. Los gobiernos de Cuba y Ecuador culpan a EEUU de fomentar la fuga de la isla por la política “pies secos/pies mojados.” No es ni tan simple ni tan verídico. Está más que claro que desde antes de Correa, Ecuador fue y hoy sigue siendo un país con graves problemas de “coyoterismo”.

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