Fernando Villavicencio: el periodista al que persiguen los perros

El presidente Rafael Correa insiste en aplicar medidas ejemplarizantes contra el periodismo independiente en Ecuador y el objetivo es Fernando Villavicencio, director de la web Focusecuador.com en la que se han publicado importantes denuncias sobre política y corrupción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de ratificar medidas a favor del periodista, pero el gobierno insiste: quiere embargar sus bienes e inhabilitarlo

La imagen de portada de Twitter del periodista Fernando Villavicencio es una foto con un número de cuenta. Es en la que aspira recaudar 141.000 dólares para pagar una indemnización al presidente de Ecuador, Rafael Correa. También ha sido fotografiado recogiendo dinero con alcancías de cerditos y bacinillas. No es un chiste, pero Villavicencio no pierde de vista el fondo: el humor es un recurso de los obstinados.

Hace seis años comenzó la tormenta judicial entre Villavicencio y el gobierno de Correa. El origen fue una demanda interpuesta por el periodista junto al exlegislador Cléver Jiménez en la que acusaban al presidente ecuatoriano de delitos de lesa humanidad durante los disturbios policiales del 30 de septiembre de 2010. La Corte Nacional de Justicia la archivó y Correa respondió con una contrademanda que culminó, en abril de 2013, con la condena de Villavicencio y Jiménez a 18 meses de prisión y a un pago de 141.000 dólares -que no ha sido cancelado- por injurias al jefe de Estado. Un juez interpretó la prescripción de la pena de prisión y, después de esconderse un año en la selva de Sarayaku, los acusados regresaron a la vida pública. Es decir, regresaron a hacer públicos casos de corrupción del gobierno.

El allanamiento a sus casas y oficinas, la navidad de 2013, fue la bienvenida que les dio el gobierno de Correa, como parte de una -otra- acusación, esta vez por hackeo y espionaje. En marzo de 2016, durante una transmisión televisada el presidente ecuatoriano recordó a sus viejos enemigos. Al aire, hizo un llamado de atención a la Fiscalía para agilizar aquella causa de hacía tres años y la deuda de los 141.000 dólares. La Fiscalía lo hizo y en pocos días se reavivó el proceso judicial.

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— En Ecuador hay una frase de la vieja burguesía donde se señala: “Te voy a perseguir como un perro con hambre”. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Correa en mi contra es eso: está reeditando uno de los momentos más trágicos de la vieja partidocracia, de la oligarquía ecuatoriana, persiguiendo como un perro con hambre a un periodista que está revelando importantes casos de corrupción de su gobierno—, dice Villavicencio a través de notas de voz de Whatsapp, una de las pocas maneras de contactarlo por estos días.

Ni Correa ni Villavicencio dan paso atrás. El primero, con todo el poder del Estado amplificando su mensaje, con frecuencia acusador y amenazante. El segundo, con apoyo del gremio de periodistas independientes –que han mermado luego de la criticada Ley de Comunicación- y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde miran con atención el caso de Ecuador, uno de los países, junto con Cuba, que más ha maltratado la libertad de expresión.

En el camino, el delito contra Villavicencio y Jiménez fue cambiado de hackeo a “divulgación de mensajes hackeados” haciendo énfasis en que se trató de información “sensible” para el Estado. El Fiscal General, Galo Chiriboga, pidió prisión preventiva para los acusados pero la decisión del juzgado -17 de agosto- fue un régimen de presentación quincenal y permanencia dentro del país.

A principios de agosto fue admitida la petición de Correa de declarar insolvente a Villavicencio –por no haber cancelado el monto fijado en 2013- y un juez ordenó el embargo de sus bienes, correos electrónicos y cuentas bancarias, así como la prohibición de salida del país. Esto aun no ha ocurrido. El periodista explica que se debe a una apelación introducida por él y por las medidas cautelares de la CIDH a su favor otorgadas en marzo de 2014 y ratificadas el 22 de agosto de 2016. Las medidas –que también benefician a Cléver Jiménez y a Carlos Figueroa- incluyen la petición de la suspensión de la acción judicial. Ahora el Estado tiene hasta el 2 de septiembre para responder a la Comisión.

—Correa dijo que en el allanamiento a su vivienda habían encontrado pruebas terribles que demostraban que usted lo había hackeado. ¿Han mostrado alguna?

—Ninguna.

La descarga legal no ha parado. Y, con frecuencia, es Correa quien solicita los casos o les hace eco. El tono de la respuesta de Villavicencio puede verse en su portal de periodismo de investigación FocusEcuador.com: “La década corrupta”, “Los súper abogados del Estado: cobran mucho y pierden igual”, “USD 2.200 millones se gastó en Refinería Esmeraldas, mil millones más del anuncio oficial”, “Las offshore que Correa mantiene en Panamá” y, para no perder de vista el fondo, los videos del humorista Carlos Michelena, “El Miche”.

El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, ha reconocido esta semana que algunas de las investigaciones que publican en Focus Ecuador son ciertas. “El señor Villavicencio, que vive en un país democrático, puede denunciar lo que quiera, a veces tiene razón, a veces no la tiene. En este momento se ha descubierto una red de corrupción privada que no tengo problema en denunciarla, no porque lo hace Villavicencio no es que no lo vamos a validar“, dijo Mera. Correa, sin embargo, los llama “los denunciólogos” y se pregunta: “¿Cuándo han dicho algo que sea verdad?”.

Ignacio Boulin, abogado de la ONG Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, que presentó el caso de Villavicencio y Jiménez ante la CIDH, considera que es posible hablar de “un contexto de persecución”:

—Todos los hechos son graves, desde la sentencia a prisión y una multa tan exorbitante y abultada, por un lado, hasta el allanamiento por las acusaciones de hackeo y la reciente reactivación de la causa por la supuesta difusión de datos reservados, lo que se conoce como la causa de hackeo. Y esto es muy grave porque es la reactivación de una causa por el capricho del presidente. También el pedido de insolvencia le termina quitando los derechos políticos a Villavicencio y Cléver Jiménez. Son una multitud de hechos todos muy graves y todos muestran la persecución por ejercer la libertad de expresión.

Villavicencio, con 42.000 seguidores en Twitter, recibe diariamente mensajes de apoyo por sus trabajos periodísticos y por su abierto enfrentamiento contra Correa. Son altavoces en un país en el que, durante los dos primeros años de la aprobación de la Ley de Comunicación (2013-2015) fueron sancionados económicamente 185 medios, según datos de la Superintendencia de la Comunicación. Eso generó 201.596 dólares para el Estado ecuatoriano.

—La prensa tradicional, los grandes medios, están censurados por la Ley de Comunicación. En la práctica no hay periodismo de investigación, todas las unidades de investigación de los medios tradicionales han sido suspendidas. Hemos tenido los periodistas, por voluntad propia, que migrar a una especie de guerra de guerrillas en el ciberespacio, creando portales como Plan V,  Milhojas, Los 4 pelagatos y Focus Ecuador, que son los más importantes que están haciendo un periodismo independiente, llámese crítico—, dice Villavicencio.

El periodista y el exlegislador no han descartado participar en las elecciones pautadas para febrero de 2017, en las que se elegirán presidente, vicepresidente y diputados. Creen que el fondo de la más reciente acusación por parte de Correa tiene como finalidad sacarlos de la carrera electoral a través de una inhabilitación. La primera prueba será ir más rápido que los perros con hambre.