El alto grado de violencia y saña desplegado por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana tiene a los venezolanos desconcertados: ¿de dónde sale tanto odio? Corren las versiones que señalan a convictos uniformados para la ocasión y a extranjeros participando en la represión de las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero hay un elemento de mayor peso: la ideologización del componente militar
Por Odell López Escote | @OdeLopez
Un par de ciudadanos caminan la tarde de un día de junio por la avenida Francisco de Miranda de Caracas. Tras la jornada de protestas la calle está convulsionada, hay tensión. Escuchan el sonido de una moto que se acerca y de inmediato un estruendo.
Un joven motociclista cayó en una alcantarilla destapada por manifestantes. Quienes iban caminando le ayudan a salir, pero de pronto todo se nubló. Una bomba lacrimógena fue soltada con –cierta- delicadeza por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que pasaban por el sitio, casi como si simplemente la dejaran caer. Mientras se asfixian, los tres no dejan de preguntarse por qué.
La verídica escena no solo fue relatada por estos venezolanos a Vértice, sino que da cuenta de los niveles de represión y hasta hostigamiento por parte de los encargados del orden público en el país. Los funcionarios están hoy día cuestionados por la sociedad civil. Algunos se niegan a creer que tanta crueldad puede venir de un componente de la Fuerza Armada.
Por ello algunas denuncias asoman que la GNB podría estar infiltrada por presos. Convictos presuntamente uniformados de militares por el propio Estado, una teoría que en cualquier otro país podría ser una locura, pero que en Venezuela se fundamenta con historias reales de delincuentes de alta peligrosidad que caminan libremente por las calles.
Los venezolanos tratan de buscar una explicación ante la cantidad de muertos, heridos y detenidos por manifestar en menos de tres meses, un hecho inédito en lo que va de chavismo.
Abril de 2002 y febrero de 2014 son las fechas de más representativas de rebeliones civiles en la gestión del chavismo. Ni en el golpe de Estado de hace 15 años, ni durante las protestas de 2014, el saldo de muertos en manos de funcionarios de seguridad ha sido tan alto.
Quienes no creen la versión de los convictos, apuestan a que los oficiales son cubanos y actúan contra un pueblo con el que no tiene arraigo. Pero no hay pruebas que lo demuestren.
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Meses de saldo rojo
Desde el pasado 2 de abril las ciudades de Venezuela han estado llenas de consignas y caminatas. Se hacen tantas exigencias a Nicolás Maduro que algunas se han difuminado entre los días, pero en líneas generales el grito es un rechazo categórico y activo a la administración del sucesor de Hugo Chávez, quien en su cuarto año de mandato mantiene una popularidad que oscila entre 15 y 25% según encuestas de Datincorp y Meganálisis.
En medio de este escenario de alta conflictividad social la lista de heridos y muertos no deja de crecer. Desde el 1 de abril la cifra de asesinados en protestas asciende a 75, según el Ministerio Público, aunque medios digitales como Runrunes contabiliza 92; 20 de ellos han muerto como consecuencia de las manifestaciones en incidentes relacionados.
Los asesinatos durante las protestas han ocurrido, en su mayoría, por excesos de fuerza de la Policía Nacional y la Guardia Nacional, quienes repelen a los manifestantes como si se tratara de verdaderos terroristas. Nubarrones de gas lacrimógeno, incontables perdigones y hasta canicas de acero que disparan directo al cuerpo de los ciudadanos, son parte de las denuncias hechas por organizaciones civiles como Provea y Foro Penal.
Con un día de por medio, dos jóvenes de 17 y 22 años fueron asesinados por funcionarios militares en la penúltima semana de junio. El perímetro de la muerte quedó marcado entre el Distribuidor Altamira y el borde del aeropuerto La Carlota, al este de Caracas. El lunes 19, Fabián Urbina recibió un disparo de un militar que desenfundó su arma de fuego. Los reporteros gráficos captaron a varios uniformados con pistolas. Y ese día hubo otros cuatro heridos de bala en la ciudad.
El miércoles siguiente David Vallenilla corrió con la misma suerte. Manifestaba frente a la base aérea La Carlota y desde adentro un militar le disparo tres cartuchos de perdigón a quemarropa. Su corazón quedó destrozado, dijo el diputado José Manuel Olivares.
Tanto la Guardia Nacional como la Policía Nacional también han quedado retratados maltratando a manifestantes, como pasó el pasado 7 de junio en medio de una manifestación en Montalbán II, una urbanización de clase media al suroeste de Caracas. Ese día cinco funcionarios de la Guardia trataron de someter a un joven para llevarlo detenido, tras la resistencia del manifestante uno de los militares le atropelló con su moto y finalmente al joven se lo llevaron arrastrando por toda la calle.
Algo parecido ocurrió en San Fernando de Apure el 25 de mayo: dos militares arrastraron por los brazos a un joven para aprehenderlo. Los gritos de quienes pedían justicia eran ensordecedores.
El robo ha sido otra de las modalidades recurrentes. Los militares y policías han asaltado a manifestantes, como ocurrió en la bomba Texaco de Las Mercedes el 29 de mayo, han robado a periodistas y sus equipos de trabajo, como ocurrió con Eugenio Delgado, corresponsal español “freelance” a quien le quitaron sus cámaras, sus teléfonos y todo cuanto llevaba encima. Los primeros por participar en una manifestación, el segundo por cubrirla.
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, quedó perplejo cuando asfixiado y sin visión, auxiliado por su equipo de trabajo en una manifestación, un funcionario de la Guardia Nacional le arrojó una nueva bomba lacrimógena para que se fueran del sitio. La reacción corporal de asfixia y desesperación fue mayor.
Pasos antes, en Las Mercedes, uno de los sectores que se ha convertido en bastión de protesta en la capital venezolana, un funcionario se atrevió a golpearlo con un casco. Más allá del dolor físico, Capriles no daba crédito al hecho: un funcionario había golpeado a un gobernador que ejercía su derecho a manifestar.
En este mismo momento robaron y golpearon a siete personas del equipo de trabajo del excandidato presidencial. Nada pudo detener los ataques de los oficiales.
El caso de Capriles fue una violación a la institucionalidad que él representa, pero no ha sido el único, pues los diputados Miguel Pizarro, Carlos Paparoni (dos veces) y José Luis Brito, han sido víctimas de la fuerza castrense.
Pedro Michel Yammine, de 22 años, salió a protestar en Altamira, frente a la Torre Británica, sin contar con que ese 3 de mayo una tanqueta de la Guardia Nacional lo atropellaría dos veces en un intento por hacer retroceder a quienes insistían en manifestar en la zona.
Otra de las historias de estos días refiere a la agresión del trabajador de una gasolinera en Las Mercedes. Su cara hinchada y los coágulos de sangre que expulsaba por la boca, evidenciaron un trauma severo producto de una lacrimógena que le impacto directo en el rostro. El señor de tez morena no protestaba, solo se resguardaba de los disturbios.
Más allá de la violencia física, los militares y policías también han dejado ver cómo someten a los detenidos. La abogada Elenis Rodríguez de la ONG Fundeci, vio como una joven privada de libertad por manifestar quiso suicidarse en los tribunales penales de Caracas.
Yusneibi López le tiene más miedo a los policías que al encierro. Mientras ella y una compañera se bañaban, varios oficiales entraron y les ofrecieron sexo a cambio de dinero. Sus amigos varones, detenidos por la misma causa, también tienen historias pero en su caso denunciaron que los funcionarios lanzaron hasta tres bombas lacrimógenas a sus celdas. Uno de ellos quedó inconsciente en una de las oportunidades debido a la asfixia.
Un señalamiento directo
En cada manifestación hay una línea humana de uniformados. Esa barrera trabaja en equipo, atacan a quienes toman las calles sin importar la razón o la ruta. Ellos representan un límite de lo permitido impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López admitió que la Guardia estaba cometiendo “atrocidades”. “No quiero ver a un solo Guardia Nacional cometiendo una atrocidad más en la calle”, dijo el 6 de junio, pero la línea de mando se fracturó con la muerte de Nelson Arévalo, diez días después en Barquisimeto.
A partir de junio la línea se ha endurecido, ahora los oficiales atacan mientras los ciudadanos se están concentrando. Pese a la cantidad de muertos y los más de 3 mil heridos contabilizados por el Foro Penal, parece no haber freno en las directrices de orden público.
Tras su último incidente, Capriles asomó en una conversación off the record con algunos periodistas, que el gobierno había sacado de la cárcel a presos para reprimir. Él no podía creer que cada muerte, detención o violación de derechos humanos atribuida a los militares y policías, sea realmente ejecutada por ellos. Días después, el gobernador hizo pública su teoría.
“En sus ojos puedo ver odio. Eso no es de un Guardia Nacional ni de la Policía. Tú ves cómo ha actuado la Guardia y observas los de ahorita y yo estoy convencido de que ahí hay infiltrados. Son demasiado crueles”, agregó el gobernador tras una rueda de prensa
Antes de Capriles, la denuncia ya se había colado en redes sociales donde inclusive señalaron a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela por permitir que presuntos detenidos salieran a la calle para lanzar gas lacrimógeno y perdigones. A la par se difundía unas credenciales de un presunto cubano uniformado como policía.
De ninguno de los dos señalamientos hubo pruebas, pero la gente habla por la experiencia.
Presos que tienen alas
Las historias de personas con sentencias firmes y que caminan tranquilos por la calle abundan. El caso más reciente y más popular fue el del Wilmer Brizuela, alias “El Wilmito”; un líder carcelario, condenado a más de 14 años por sicariato, secuestro y robo de vehículos blindados.
Pese a este prontuario “El Wilmito” fue beneficiado con el “régimen de confianza”, una medida establecida en el nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que le da facultades exclusivas al Ministerio de Asuntos Penitenciarios para otorgar libertad condicional a los presos a su consideración.
Para el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, esta prerrogativa no deja de ser inconstitucional porque “quien otorga ese tipo de medidas es un juez de ejecución”.
El privilegio limita al reo a estar en un lugar determinado, pero este “pran” -término usado por los líderes de las cárceles de Venezuela- quiso tomar sol y bañarse en las playas de la Isla de Margarita, a más de 580 kilómetros del Centro de Régimen Especial Simón Bolívar, en Caracas, donde debía estar recluido gracias al beneficio.
En plena playa, Brizuela fue herido de bala junto a otros tres integrantes de su familia. Al pran le revocaron la medida y dos meses después fue asesinado dentro de la cárcel de Tocorón.
El periódico del estado Bolívar, El Correo de Caroní señala que las entradas y salidas de Brizuela eran frecuentes. Su liderazgo en la cárcel Vista Hermosa hicieron que la ministra Varela tuviera contacto frecuente con el reo. Era casi el “personal de confianza” de la penitenciaria.
Otro preso al que Varela “le dio confianza” fue Marco Tulio Quintero, el asesino del grandeliga Gustavo Polidor. Quintero ha sido uno de los más privilegiados, pues le fue otorgada la medida cuando ni siquiera estaba establecida en el COPP.
“Marquito”, como le dicen, es reincidente y con un cuadro psicológico comprometido, además pagó 11 años de condena antes de matar a Polidor. El convicto no respetó la confianza de la ministra y ordenaron su captura. Hoy nuevamente está en la Penitenciaría General de Venezuela.
En Maracaibo –capital del estado Zulia- hubo dos casos de presos en libertad temprana. Los primeros fueron descubiertos cuando extorsionaban desde la cárcel de El Marite a un Guardia Nacional al que le robaron su camioneta 4×4. Las investigaciones determinaron que El Marite era el búnker de quienes salían a robar y extorsionar, para luego regresar con su botín.
El segundo caso fue el de Pedro José Caldera, un preso del retén de Sabaneta que fue asesinado cuando iba a bailar a un sitio nocturno. A Caldera lo mató el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), cuando lo agarró in fraganti. El pran no iba solo, estaban con él “El Tite” y “El Ovejo”, dos subalternos del convicto dentro de la cárcel. La policía científica denunció que este hombre iba escoltado por custodios del centro de detención.
En 2013 Caldera no gozaba de ningún beneficio cuando lo ultimaron. Fuentes judiciales aseguraron que el joven de 28 años tenía la autorización del director de la cárcel para entrar y salir a su antojo.
Prado, del OVP, explica que para salir de una cárcel hay varios anillos de seguridad. Debe haber una boleta de excarcelación, debe tener el aval del juez de ejecución, debe ser requisado por la GNB. “Si sale saltándose alguno de estos mecanismos podría haber complicidad del director”.
La ahora ex ministra Varela, por su parte, siempre ha desmentido que los convictos anden libremente por la calle. Varela ha justificado el “régimen de confianza” con sus intenciones de rehumanización penitenciaria que, según declaró en febrero, buscan convertir a los detenidos en “defensores de la patria”.
¿Quién controla?
Desde que se creó el Ministerio del Servicio Penitenciario lo ha administrado Iris Varela, pero hace unos pocos días dejó el despacho para convertirse en candidata a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Maduro. Según Prado, durante sus seis años de gestión la contraloría en esta institución fue “casi nula”.
El sistema penitenciario está creado para autorregularse siempre y cuando haya separación de poderes e independencia judicial, explica el experto en temas penitenciarios y derechos humanos. El rol del juez de ejecución, de la Defensoría del Pueblo, de la dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía es fundamental e intransferible, agrega.
“El Poder Judicial debería dictar privativas de libertad a los directores de cárceles que han dejado salir presos”, dice Prado al ejemplificar la falta de ética que, a su juicio, hay en el sistema de justicia.
A Prado no le sorprendería que parte de la GNB y la PNB esté conformada por convictos uniformados, porque cree que el gobierno usa a los detenidos según su conveniencia.
En junio de 2016 Varela sacó a la calle 300 presos de las cárceles de Yare, el Rodeo y el Instituto de Orientación Femenina (Inof). El objetivo fue acompañarla a denunciar en el Ministerio Público que la oposición política venezolana supuestamente utilizó los datos de 1.300 convictos para engrosar las listas de personas que firmaron a favor de un revocatorio contra Maduro.
Los reos gritaron “¡Fraude Fraude!” justo en el momento en el que Varela demandaba a dirigentes opositores por usurpación de identidad. La Guardia Nacional resguardó el acto.
“¿Qué capacidad tiene la Ministra de sacar esos presos, si se requiere la orden de un juez? Yo solicité la orden de traslado a Parque Carabobo y luego de regreso a sus cárceles y no me la han mostrado”, recuerda el abogado.
El entrenamiento de orden cerrado que ahora reciben los detenidos también genera suspicacia en Prado. “Eso no es de gratis, no puedo negar ni afirmar nada, pero para algo se está impartiendo esa formación”
En la última audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Observatorio denunció que el Gobierno venezolano ha obligado a los detenidos a recibir adiestramiento militar y formación ideológica. Sin embargo la viceministra Marelys Valdez celebó esta medida como un “logro” del gobierno.
Patria, socialismo y muerte
La misma denuncia que hace Prado la hace Rocío San Miguel, experta en temas militares y directora de la ONG, Control Ciudadano. A la abogada le preocupa el alto grado de ideologización en la Fuerza Armada y específicamente en la Guardia Nacional Bolivariana.
El nivel ideológico ha superado a la instrucción técnica de los oficiales militares, asegura San Miguel, quien cree que esto le resta profesionalismo al componente para actuar frente a situaciones como la que atraviesa Venezuela.
En Control Ciudadano no le dan tanto crédito a la teoría de que la Guardia Nacional está infiltrada por presos o por cubanos, porque ellos tienen estadísticas que evidencian la desprofesionalización del militar venezolano.
Inclusive se han debilitado los filtros de ingreso a este componente de la Fuerza Armada. Ya no practican exámenes psicológicos previos a los aspirantes, porque para el Gobierno venezolano “lo importante es lograr los objetivos políticos”, dijo San Miguel.
“En Control Ciudadano calculamos 15 mil personas graduadas en los últimos cuatro años”, precisó y además dijo que ha sido testigo de graduaciones exprés dónde sacan de los cuarteles a 4 mil guardias en un solo acto, que luego no saben cómo actuar en una protesta, cómo tratar a un civil, no tienen conocimiento de las normas internacionales para el uso de armas.
La experiencia de la periodista Ronna Rísquez cubriendo asuntos carcelarios le da a entender que probablemente ni la Guardia ni la Policía tengan presos entre sus filas, sin embargo admite que si el Gobierno lo quisiera hacer, no tendría mayores barreras que se lo impidan.
“Iris Varela monopolizó el sistema penitenciario. La ministra obligó a jueces de ejecución a otorgar medidas que no son adecuadas para cada preso. El despacho tiene el control total de lo que pasa con los presos. En este momento no son los jueces quienes deciden quién entra y quién sale de las cárceles, lo decide el Ministerio”, enfatiza la periodista.
Además del caso de Brizuela, Rísquez recuerda a Teófilo Rodríguez, alias “El Conejo”, otro pran muy cercano a Varela que aunque ya había pagado condena, entraba y salía de la cárcel de San Antonio, en la isla de Margarita. Ambos “caudillos” tenían algo en común, su agrado al punto de la idolatría por Hugo Chávez y todo lo que rodeaba la revolución.
“El Wilmito” era un líder que promovía la instrucción premilitar en la cárcel, profesaba los ideales del chavismo entre los suyos. “El Conejo” se dibujó en un mural junto a Chávez. Y también tenía línea directa con Varela y hasta hablaban sentados a la orilla de la cama del reo, dentro de la celda, tal como los mostró una fotografía.
Un cuadro roto
La imagen de la Fuerza Armada entre los venezolanos se ha desdibujado con la profundización del proceso político emprendido por Chávez y continuado por Maduro.
En los años ochenta había cuatro instituciones altamente ponderadas por los ciudadanos. La iglesia, los medios de comunicación, las universidades y la Fuerza Armada, comenta el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales Trino Márquez.
“Eran reconocidas como un cuerpo profesional comprometido con la paz, el respeto a la Constitución, el resguardo de la frontera y la soberanía. Eso se mantuvo durante mucho tiempo y estuvo relacionado a que el Ejército derrotó a la guerrilla de Fidel Castro. La primera derrota continental de Castro cuando intentó exportar la revolución cubana”.
Ese prestigio también estuvo relacionado a la democratización y republicanización de un país con Estado de derecho y poderes independientes, en un momento donde la mayoría de los países latinoamericanos tenían instaurada una dictadura, explica el también director académico de Cedice.
Pero este cuadro se rompió con la entrada del chavismo, considera Márquez, quien señala que la institución se politizó a tal punto que ahora algunos ciudadanos creen que los funcionarios no son connacionales: “La sospechas va más allá. Yo he visto noticias no confirmadas que apuntan que en la GNB no solo hay cubanos, sino miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y yihadistas, personas de Siria o Irán. No sé si es cierto, pero eso ocurre porque al venezolano le cuesta creer que sus propios compatriotas pueden actuar de forma tan despegada de la legalidad, tan cruel, como ha ocurrido en estos meses”.
Aunque la mayoría de la población no cree que los cuerpos de seguridad estén cooptados por extranjeros o detenidos, el número de personas que sí dan crédito a esta teoría ha crecido. En realidad la creencia se concentra en los sectores poblacionales que generan la opinión pública, en este caso profesionales, clase media escolarizada, intelectuales, entre otros.
“Así como la gente ha dicho que los cubanos están incluidos en el proceso de cedulación, mucha gente está convencida de que las Fuerzas Armadas están penetradas por foráneos”, sostiene Márquez.
Esta desconfianza obedece a que la sociedad ve cómo los distintos componentes militares responden a la línea política del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y creen que lo mismo puede ocurrir con los cubanos, tan cercanos al partido de gobierno.
Márquez ilustra el panorama con un juego de conceptos: “A diferencia de Chávez, Maduro es un civil que ahora tiene un régimen militarista. La sociedad cree que ahora existe un régimen militar-cívico, en lugar de cívico-militar”.