El litigio que la trasnacional australiana Cardno sigue en contra de los antiguos propietarios de Caminosca, empresa que adquirió en 2015, se complica con la aparición de nuevas evidencias surgidas, esta vez, en el proceso que involucra a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas con el caso Odebrecht.
Por Maibort Petit | @maibortpetit
Todos los caminos conducen a Roma y así parece ser también en el caso judicial que se le sigue a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, a quien se le adelanta un proceso judicial por sus supuestas vinculaciones con el escándalo surgido con la constructora brasileña Odebrecht, al haber recibido —según acusa la Fiscalía— pagos irregulares por el orden de los 13 millones de dólares. Las investigaciones apuntan ahora también que el arbitraje que internacionalmente sostienen la empresa ecuatoriana Caminosca y la multinacional australiana Cardno guarda relación con el asunto, como también lo estarían registros de viajes, transacciones de empresas de maletín, comisiones y un entramado de compañías de pantalla que se han dado a conocer durante las averiguaciones.
Rivera, quien fue detenido en Guayaquil el 2 de junio pasado por sus vinculaciones con el escándalo Odebrecht, pasó a tener un proceso de libre divulgación luego de que una providencia del juez de la causa, Fernando Freire Coloma, levantara la reserva que pesaba sobre su caso judicial por el presunto delito de asociación ilícita. “Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley prescribe que sean reservadas (…) En tal virtud, esta autoridad levanta la reserva ordenada en providencia de fecha 19 de junio del 2017, (a) las 15h21”, refiere el diario ecuatoriano El Universo en una reseña sobre el caso.
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Las últimas pesquisas han girado en pos de la figura del vicepresidente Jorge Glas, y del legislador, Esteban Albornoz, así como alrededor de otros cinco funcionarios estatales, según nota del diario El Comercio que hace referencia a la denuncia que indica que supuestamente los citados habrían recibido 3,3 millones de dólares en sobornos provenientes de Caminosca cuyos contratos con el Poliducto Pascuales-Cuenca y la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón, son analizados por la fiscalía ecuatoriana, pues guardan relación con el caso Odebrecht.
En una de sus más recientes actuaciones la Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, presentó la denuncia penal en la Secretaría de la Fiscalía General y solicitó que las averiguaciones no se circunscriban únicamente a la constructora brasileña, sino que también incluyan a la empresa Caminosca.
Luego de que su nombre saliera a la luz, el legislador Albornoz se pronunció para negar tajantemente haber recibido coimas cuando ejerció como ministro de Electricidad, al tiempo que aseguró que la documentación exhibida en su contra se encuentra mutilada. “Ninguno de los funcionarios realmente recibió o estuvo de acuerdo en aceptar los pagos ilícitos”, dijo, según la nota de El Comercio que también refiere que, por su parte, el vicepresidente Glas pidió que se hicieran todas las investigaciones necesarias a las que él prestará su colaboración a objeto de aclararlas por completo.
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En el nombre del tío
La Fiscalía de Ecuador señala a Ricardo Rivera de haber recibido pagos injustificados por el orden de los 13 millones de dólares de parte de la constructora brasileña. Se espera que para el próximo 19 de julio el juez Freire lleve a cabo la audiencia oral y pública de revisión de medidas cautelares.
Rivera, quien es investigado por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, a cargo de la fiscal Diana Salazar, acumula en su expediente 48 cuerpos, con más de 4.850 folios que revelan, como ha dado a conocer el diario El Universo, que entre los proveedores de Odebrecht se encuentran las empresas Transpyase S.A. y Serviciconty S.A., las cuales actúan como “fachada”, así como también Diacelec y Equitransa, allanadas recientemente por las autoridades.
Durante las averiguaciones los investigadores determinaron la existencia de varias inconsistencias al establecer una comparación de los datos del Servicio de Rentas Internas, SRI, y los de la Unidad de Análisis Financiero, UAF.
Precisan las pesquisas que la empresa Diacelec llevó a cabo ventas a Odebrecht por un total de 58 millones 845 mil 659 dólares en tanto el monto reportado no superaba los 52 millones de dólares. Del mismo modo, entre 2013 y 2016 recibió transferencias por 6 millones 556 mil 380 de dólares y realizó pagos por 25 millones 901 mil 663 dólares.
Otras de las incongruencias indican que Carlos V., un acreedor de Diacelec, percibió ingresos por 278.801 de dólares, mientras que el Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas evidenciaba solamente 60.182 dólares. Estos pagos corresponderían, según las investigaciones fiscales, a una “actividad inusual” que tendría que ver con “sus funciones como presidente de la Comisión de Licitaciones de Senagua para favorecer a Odebrecht”, señala El Universo en su nota.
El tío del vicepresidente ecuatoriano también figura como acreedor de Diacelec y habría “recibido el pago del 1% de todo contrato que suscriba la compañía (Odebrecht) en el Ecuador, tanto contratos principales como complementarios”.
Por este concepto, Rivera habría recibido de Odebrecht entre 2012 y 2013 alrededor de 5 millones de dólares en transferencias electrónicas, así como también 8 millones de dólares en efectivo por vía de empresas ecuatorianas como la citada Diacelec, la cual, a su vez, supuestamente obtuvo dinero de otras compañías extranjeras.
“La compañía australiana inició un proceso judicial contra los anteriores propietarios de Caminosca, pues detectó presuntas irregularidades en pagos hechos a funcionarios gubernamentales de la pasada administración de Rafael Correa”
Las investigaciones también señalan que la empresa Equitransa, registrada en Panamá en fecha 29 de enero de 2010 con representación legal de Kleper V., hizo ventas a Odebrecht por el orden de 31 millones 949 mil 252 dólares, en tanto la Unidad de Análisis Financiero solamente calculó ingresos por 27 millones 20 mil 806 dólares.
De los sobornos también se habría beneficiado José T., una persona que visitaba constantemente las oficinas de Equitransa y actuaba como intermediario entre la empresa y los funcionarios en el pago de comisiones. Este sujeto habría tenido ingresos entre 2012 y 2016 por el orden de 1 millón 396 mil 928 dólares, mientras que la UAF solamente registró solo 228 mil 253 dólares.
También figuran en el expediente las firmas Oil Depot y Petroleum Contracting y Asociados, las cuales serían simples empresas de maletín relacionadas al proyecto de Gas Licuado Monteverde.
Otro asunto que llama la atención a los investigadores es que Ricardo Rivera solo en 2016 viajó por lo menos en 90 ocasiones a Brasil, Estados Unidos, España, Panamá, Chile y China.
Aunque las investigaciones se levantaron con los datos del SRI y la UAF, como ya se apuntó, la Fiscalía ecuatoriana solicitó “asistencias penales” a varios organismos internacionales bajo la presunción de la comisión de delito de delincuencia organizada que podría acarrear penas hasta por diez años de prisión.
Las asistencias penales han sido formuladas a México, Brasil, Bahamas, Curazao, Holanda, Panamá, Suiza, Austria y Uruguay, con el objetivo de determinar una serie de operaciones entre las empresas y los implicados.
Ricardo Rivera, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, también ha sido cuestionado por los negocios que su empresa Televisión Satelital ha hecho con el Estado para transmitir enlaces sabatinos, habiendo percibido del canal estatal Radio y Televisión del Ecuador pagos en 2013 por 20 mil 828 dólares. Igualmente los balances financieros de la televisora de Rivera para el mismo año reportan un incremento de 1,5 millones de dólares a 3 millones de dólares en la cuenta de equipos, dice El Universo en otras de sus reseñas sobre el arresto del tío del vicepresidente ecuatoriano.
Conexión Caminosca
Las investigaciones a Rivera han arrojado que este habría recibido pagos indebidos por parte de la empresa Caminosca, propiedad de la multinacional australiana Cardno.
La compañía australiana inició un proceso judicial contra los anteriores propietarios de Caminosca, pues detectó presuntas irregularidades en pagos hechos a funcionarios gubernamentales de la pasada administración de Rafael Correa para obtener contratos de consultoría y fiscalización en los proyectos hidroeléctricos Sopladora y Toachi-Pilatón, así como también en Minas San Francisco y Petroamazonas.
La acción judicial de Cardno incluye los nombres de cuatro ex funcionarios de la Corporación Eléctrica (Celec), del ex ministro de Electricidad quien en la actualidad forma parte del Poder Legislativo, Esteban Albornoz, así como el del vicepresidente Jorge Glas.
En un amplio reportaje Vértice detalla la historia y el proceso judicial. Cardno inició un proceso de expansión desde 2004 que en Latinoamérica tuvo su máxima expresión desde 2012 con su asociación con Caminosca, la cual terminó adquiriendo en 2015.
Pero los compradores comenzaron a tener sospechas respecto a los manejos en la empresa que habían comprado por 15 millones de dólares y se sintieron estafados al descubrir un esquema de sobornos: Caminosca obtenía jugosos contratos a cambio del pago de comisiones a funcionarios del gobierno del entonces presidente Rafael Correa.
“¿Han escuchado reclamos de los que perdieron? Nunca, porque eran concursos abiertos, transparentes, pero la mala costumbre de coimar, es una práctica”
El proceso judicial se lleva a cabo en Florida, Estados Unidos, donde Cardno aspira llegar a un laudo arbitral contra los antiguos dueños de Caminosca. Y es que la empresa ecuatoriana desarrolla operaciones y tiene propiedades en Estados Unidos, lo cual puede servir de garantía para recobrar su inversión en caso de resultar favorecidos en la querella.
Cardno comenzó a tener sospechas y por ello desarrollaron una investigación que reveló que los antiguos propietarios de Caminosca violaron las cláusulas del acuerdo de adquisición de la empresa al ocultar los oscuros manejos de los cuales se valían para contratar con el Estado ecuatoriano. Sostienen los demandantes que de haber conocido esta situación bajo ningún concepto habrían procedido a la compra.
A Cardno no le preocuparon las informaciones que señalaban que Ecuador no era un lugar recomendable para hacer negocios. Pudo más la expansión experimentada por la nación petrolera al momento de la evaluación hecha por los australianos. Para ese entonces, Ecuador reflejaba un crecimiento de su producto interno del 5,6%. La compra se llevó a cabo y la empresa pasó a llamarse Cardno Caminosca, dedicada al “diseño de ingeniería, la supervisión de construcciones, servicios de administración y asistencia técnica para energía hidráulica, la industria de petróleo y gas, minería, transporte, desarrollo urbanístico, suministro de agua, irrigación y proyectos de usos múltiples”, según refiere su página web.
Los australianos con esta negociación habían logrado hacerse de una compañía tenida como la consultora más importante de Ecuador, con un equipo de 450 empleados. Parecía ser un gran negocio, sobre todo si se tomaba en cuenta la amplia cartera de proyectos manejados por Caminosca y que para los compradores significaba establecer relaciones comerciales con la Corporación Eléctrica de Ecuador, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Petroecuador, Petroamazonas y empresas privadas del sector petrolero, minería e infraestructura y servicios públicos y energía.
Pero la luna de miel duró muy poco y el 2 de marzo de 2015, Cardno dio a conocer una noticia bomba: la revisión de “ciertos pagos relacionados con el gobierno de Caminosca y los contratos con entidades estatales”, para lo cual nombró un equipo de consultores independientes para que llevara a cabo la investigación sobre las supuestas irregularidades en las contrataciones. Poco después Cardno anunció las acciones legales en Florida contra los antiguos propietarios de Caminosca por sus supuestas falsas declaraciones en el proceso de venta.
Como solía ser su política, el gobierno de Rafael Correa no se dio por aludido y ninguno de sus voceros, así como tampoco los representantes de las empresas estatales involucradas, hicieron pronunciamiento alguno sobre el asunto. Esto, pese a que el proceso judicial ha dejado sentado que los sobornos por millones de dólares por parte de Caminosca a funcionarios del gobierno de Correa eran una cuestión de vieja data.
El propio mandatario llegó a justificar con un argumento insólito: “¿Han escuchado reclamos de los que perdieron? Nunca, porque eran concursos abiertos, transparentes, pero la mala costumbre de coimar, es una práctica”, cita El Telégrafo al mandatario en una nota.
Con cautela, pero sin freno
Debido a que tenían ciertas reservas para concretar la negociación, los directivos de Cardno procedieron a llevar a cabo una primera investigación que no reveló irregularidades en los contratos ganados por Caminosca. Entonces, en diciembre de 2012, hicieron la compra.
Pero en 2015 las sospechas volvieron y por ello instrumentaron una nueva investigación que determinó la existencia de una sofisticada red de sobornos que, a través de un ingenioso sistema contable, enmascaraba las irregularidades. Al final, quedó en evidencia el sistema de sobornos que los ejecutivos de Caminosca desarrollaron para conseguir los contratos con la administración de Rafael Correa. Tales coimas están bajo la lupa del gobierno federal de Estados Unidos.
El alerta surgió en enero de 2015, cuando desde Cardno detectaron las primeras irregularidades, las cuales estaban referidas al pago de impuestos por parte de Caminosca.
Desde entonces, las dudas fueron surgiendo una tras otra y se decidieron a averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Se interrogó a accionistas y ejecutivos de Caminosca pues se creyó que estaban implicados en el pago de sobornos, pero estos lo negaron tajantemente.
Hay que acotar, que aunque ambos casos están relacionados, la averiguación sobre los pagos efectuados por ejecutivos de Caminosca a funcionarios del gobierno de Rafael Correa se lleva a cabo de manera separada al litigio en Florida.
En la demanda que inició en 2015, Cardno exige a los antiguos propietarios responder por el engaño que le ha ocasionado múltiples daños y pérdidas de gran cuantía, las cuales sólo en 2016 se calcularon en 195 millones de dólares, de los cuales 148 millones de dólares correspondían a daños sufridos en Estados Unidos y 47,6 millones de dólares por la liquidación del negocio en Ecuador.
Resulta insólito para no pocos el proceso de expansión de Cardno, pues a todas luces se llevó a cabo sin hacer una rigurosa investigación antes de actuar.
Crescent Capital Partners, grupo de capital privado que compró 47% del paquete accionario de Cardno estima que fue un error la compra, no solamente en el caso de Caminosca, sino también en otras inversiones realizadas sin estrategia alguna. En tal sentido, Crescent ha procedido a reestructurar la empresa, lo que incluye la venta de varios de sus activos.
En virtud de que se ha dicho que algunos de los sobornos de Caminosca a los funcionarios de Correa pudo haber tenido lugar luego de la compra de Cardno, esta empresa procedió a denunciar la estafa de la que se dice víctima. Por lo pronto solo queda esperar el desenlace de los distintos procesos judiciales que dan cuenta del nivel de corrupción imperante en la administración socialista de Ecuador.