El presidente estadounidense está equivocado: el problema de la migración ilegal no es como él piensa y las medidas que está tomando podrían más bien agravar el asunto. La verdadera y más importante crisis es la de los miles de centroamericanos desesperados por cruzar la frontera
Por Alejandro Tarre | @alejandrotarre
Cuando en la campaña Donald Trump prometió políticas radicales contra la inmigración, muchos se preguntaron si debían interpretarse “literalmente”. El argumento de algunos era que Trump no cumpliría lo ofrecido si ganaba las elecciones y las hacía solo para captar la atención de los medios y movilizar a su base. Dos semanas de gobierno bastaron para probar que este discurso no era una actuación. Al menos en materia de inmigración, el nuevo presidente tiene la intención de cumplir.
Mediante unas órdenes ejecutivas, Trump ya dio los primeros pasos para levantar el muro en la frontera con México. También vetó temporalmente la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y de todos los refugiados.
El veto a los siete países —suspendido temporalmente por un juez federal de Seattle— causó revuelo en Estados Unidos. Pero también desvió la atención otra medida importante que podría afectar a muchas más personas.
Hace tres años la administración Obama divulgó las nuevas directrices que regirían las deportaciones de indocumentados. Se establecieron como prioridades a los criminales, las amenazas a la seguridad nacional y a quienes han entrado ilegalmente al país a partir de 2014.
Trump pinta a Estados Unidos como un país donde nada ni nadie resguarda la frontera con México y donde la inmigración ilegal crece desbocadamente. Pero esta visión tiene poco que ver con la realidad.
Trump acaba de expandir el criterio bajo el cual un inmigrante es considerado “criminal” y por eso candidato a la deportación. Ahora los indocumentados condenados por cualquier delito y quienes han cometidos actos que constituyen un delito por el cual pueden ser condenados son vistos como prioridades. También lo son quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada sobre cualquier asunto oficial. Estas categorías son tan amplias que podrían aplicar a cualquier inmigrante que ha entrado ilegalmente a EEUU o se encuentre trabajado sin permiso.
Antes de la elección de Trump 1,4 millones de indocumentados eran considerados prioridades para la deportación. Según algunos estimados, esa lista ahora incluye a unos ocho millones.
Estas medidas contra los inmigrantes no solo son inusualmente hostiles e incluso crueles, también ponen bajo enorme presión al sistema migratorio estadounidense y podrían agravar algunos de los problemas que pretenden solucionar.
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El vecino no es el problema
Trump pinta a Estados Unidos como un país donde nada ni nadie resguarda la frontera con México y donde la inmigración ilegal crece desbocadamente.
Pero esta visión tiene poco que ver con la realidad.
Contrario a lo que piensa Trump, la frontera nunca ha estado mejor vigilada y las leyes migratorias son aplicadas más severamente que en el pasado.
La cantidad de deportaciones lo confirma: en 1996 fueron expulsados 70.000 indocumentados. En 2012 deportaron a casi 420.000. El país cuenta hoy con una formidable maquinaria de deportaciones que ha sido ampliada y refinada durante dos décadas.
Esta situación, como han dicho muchos, no es en realidad una crisis migratoria. O no lo es exclusivamente: es una de las peores crisis humanitarias del hemisferio.
El número de indocumentados en EEUU lleva, además, varios años disminuyendo y como porcentaje del total de la población está en su punto más bajo en tres lustros.
Esta erosión se debe fundamentalmente a México, el país con más inmigrantes. Por primera vez en siete décadas, el número de mexicanos que entra al país es menor que el que regresa a México. De hecho, la gran ola de migración mexicana a EEUU podría haber llegado a su fin.
El factor Centroamérica
La crisis migratoria más importante de EEUU no tiene nada que ver con los mexicanos sino con las decenas de miles de centroamericanos de las naciones del llamado Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras— que llegan a la frontera cada año.
Las órdenes ejecutivas de Trump parten de la premisa equivocada de que los problemas migratorios de EEUU no pueden ser peores.
No es fácil exagerar la gravedad de la situación en estos países. Las tasas de homicidios de El Salvador, Guatemala y Honduras están entre las más altas del mundo. El narcotráfico, las pandillas violentas y la pobreza extrema han provocado un éxodo masivo de personas que encaran la posibilidad real de ser asesinados, violados o reclutados por las pandillas si no abandonan sus hogares.
Muchos de estos migrantes son mujeres y niños. Más de 200.000 menores no acompañados han sido capturados en la frontera durante los últimos cuatro años, una cifra que da una idea del horror que viven miles de familias de Centroamérica.
Esta situación, como han dicho muchos, no es en realidad una crisis migratoria. O no lo es exclusivamente: es una de las peores crisis humanitarias del hemisferio.
Pelea inconveniente
El problema con los migrantes centroamericanos se inició en 2011 y alcanzó su pico en 2014 cuando casi 480.000 centroamericanos fueron capturados cruzando la frontera.
Bajo presión de Washington, México redobló esfuerzos para detener y deportar a estos migrantes antes de que llegaran a EEUU y en 2015 la crisis amainó. Pero en 2016 hubo otro repunte. Algunos analistas piensan que este aumento se debe en parte a que los traficantes de personas han aprendido a burlar a las autoridades mexicanas. Pero estas autoridades siguen deteniendo y deportando a miles de centroamericanos, lo cual significa que sin México serían muchos más quienes lleguen a la frontera sur de EEUU.
México ha asumido entonces un rol controversial, haciéndole parte del trabajo de seguridad fronteriza a su vecino del norte. Con las medidas hostiles contra México y contra los inmigrantes mexicanos en EEUU, esta situación podría cambiar.
Sin darse cuenta, Trump podría estar abriendo las compuertas para una mayor afluencia de migrantes de Centroamérica y enajenando al país sin cuya colaboración es más difícil luchar contra otros problemas también graves como el narcotráfico y el terrorismo.
Las cortes de inmigración de EEUU están abrumadas. Tienen ahora más de 530.000 casos acumulados, con una espera de hasta cinco años para resolverlos.
Al borde del colapso
Las cortes de inmigración de EEUU están abrumadas. Tienen ahora más de 530.000 casos acumulados, con una espera de hasta cinco años para resolverlos. La congestión no solo produce retrasos sino que lleva a decisiones apresuradas sobre la situación de personas vulnerables.
El embotellamiento en las cortes comenzó a profundizarse hace algunos años cuando el presidente Barack Obama tomó acciones para aumentar las deportaciones a la vez que el Congreso recortaba gastos. Pero la crisis de migrantes centroamericanos agravó el panorama.
Alrededor de un cuarto de los casos son de menores no acompañados y adultos, por lo general mujeres que viajan con niños hasta la frontera. Bajo la ley de EEUU y las leyes internacionales, muchos de estos migrantes tienen derecho a solicitar y obtener asilo.
El sistema, pues, está sobrecargado. Y las órdenes ejecutivas de Trump que buscan aumentar masivamente el número de deportaciones de indocumentados podrían colapsarlo. Muchas de estas deportaciones tendrían que ser aprobadas por jueces de inmigración ya agobiados por la acumulación de casos.
Trump piensa que los flujos de migrantes en la frontera están fuera de control cuando la verdad es que hoy cruzan muchas menos personas que hace una década.
Una solución podría ser destinar recursos para contratar más jueces y personal administrativo. Pero Trump decretó mediante otra orden ejecutiva un congelamiento en la contratación de empleados federales. La combinación de más deportaciones y menos recursos debe encender alarmas porque la administración podría valerse de su poder discrecional para deportar a más indocumentados sin tener que lidiar con las cortes. Bajo este escenario quedarían legalmente desprotegidos muchos inmigrantes, incluyendo mujeres y niños centroamericanos que están bajo enorme riesgo en sus países y califican para el asilo.
Las órdenes ejecutivas de Trump parten de la premisa equivocada de que los problemas migratorios de EEUU no pueden ser peores. Trump piensa que los flujos de migrantes en la frontera están fuera de control cuando la verdad es que hoy cruzan muchas menos personas que hace una década. Está convencido de que EEUU no hace cumplir las leyes migratorias, cuando la realidad es que solo durante los primeros cinco años del gobierno de Obama fueron deportados más indocumentados que en los ocho años anteriores. Está convencido de que México se aprovecha de Washington cuando la realidad es que EEUU depende de México para frenar los flujos de ilegales centroamericanos.
La situación en la frontera sí puede ser mucho más problemática y Trump podría comprobarlo pronto si continúa cumpliendo “literalmente” sus promesas de campaña.