Venezuela, los derechos humanos pueden esperar

274 sugerencias recibió el gobierno de Nicolás Maduro para mejorar la situación de los derechos humanos y las garantías fundamentales de los venezolanos. Pero ante esos consejos de representantes de otros países que forman parte de la ONU, el Estado prefirió posponer las respuestas sobre cuáles acatará y cuáles serán rechazados. El resultado de la comparecencia en el Examen Periódico Universal no escapa a la polarización: para el Ejecutivo fue un “éxito”, mientras que las organizaciones independientes lo ven como una gran oportunidad para denunciar las carencias en materia de DDHH

Por Mariengracia Chirinos | @Mariengracia

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En Venezuela el mes arrancó con un clásico del béisbol profesional: un partido Leones del Caracas-Navegantes del Magallanes. El 1º de noviembre el juego estuvo cerrado, los felinos lograron imponer el triunfo, 5 carreras por 4, en Valencia, la casa de sus adversarios en el centro del país.

Otro encuentro de importancia global y local ocurría en Suiza. Ese mismo día en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra a Venezuela le tocó el turno de rendir cuentas y recibir recomendaciones de otros países en materia de derechos humanos. Esta fue su segunda salida a este duro terreno donde se juega muy en serio. Y en esta oportunidad se anotaron al bate 104 naciones de las 193 que forman parte de la ONU.

En una jornada que duró 3 horas y 30 minutos, otros Estados le hicieron 274 sugerencias a Venezuela con la finalidad de que mejoren las condiciones de las libertades fundamentales y la calidad de vida de los ciudadanos. Pero la delegación del gobierno venezolano prefirió tomarse unos meses para pensar y decidió posponer su respuesta sobre las recomendaciones que aceptará, recusará o postergará para el mes de marzo de 2017.

Estos resultados forman parte del segundo Examen Periódico Universal de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este un mecanismo de evaluación interestatal y de cumplimiento voluntario al que se presentan, cada cuatro años y medio, todos los miembros de esta instancia internacional con el fin de revisar sus políticas en materia de derechos humanos. Este sistema funciona desde hace diez años y a Venezuela le tocó su primera evaluación en octubre de 2011, el último año de mandato del ex presidente Hugo Chávez.

Esta vez, para responder a los 104 países que se inscribieron espontáneamente para participar en esta segunda ronda venezolana, que comprende la rendición de cuentas entre 2012 y 2016, el gobierno de Nicolás Maduro se preparó con un equipo robusto. Cuarenta funcionarios conformaron la comisión de Venezuela en Ginebra. La mayoría de ellos comparten sus cargos públicos con la militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Esta misión fue preparada para fijar una posición militante para exaltar “los logros de la revolución venezolana” a propósito de las cuestiones que le plantearon otros países y organizaciones no gubernamentales en 519 comunicaciones, de acuerdo a la información del Alto Comisionado, que abordaron la situación de DDHH en Venezuela. El Estado también presentó su informe en el que no profundizaba sobre los asuntos estructurales y de fondo en materia de derechos humanos y que fueron apoyados por organizaciones e instituciones naciones y regionales que respaldan al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, otras ONG resaltaron las restricciones en materia de libertad de expresión, falta de independencia del poder judicial, violaciones a las personas refugiadas en la frontera con Colombia, las prácticas violentas de grupos de exterminio, la crisis de salud, alimentación y servicios básicos, así como el hostigamiento a la labor de los defensores de DDHH.

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“A pesar de que Venezuela es uno de los 47 países que integran el Consejo de Derechos Humanos, por más de 15 años el gobierno se ha negado a recibir las visitas oficiales de los relatores de la ONU”

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La comisión oficial venezolana repartió su tiempo de participación a lo largo de los bloques de intervenciones de las diferentes naciones y guardó los últimos 30 minutos, para rechazar los ataques de una supuesta “guerra económica” que pretende desestabilizar al gobierno y destacar los logros sociales de la gestión de Nicolás Maduro. El gobierno reforzó su discurso con la exposición de fotografía “Venezuela, un país garante de los derechos humanos” en los pasillos del Palacio de Naciones Unidas.

Pese a la propaganda gubernamental, algunos países le recomendaban mejorar la calidad de la atención en el sistema público de salud y activar correctivos ante la crisis hospitalaria y de escasez de medicamentos, así como asegurar el abastecimiento de alimentos. Hubo más: mejorar las condiciones de la libertad de expresión y el acceso a la información pública, garantizar la independencia del poder judicial, eliminar las prácticas de tortura y las detenciones arbitrarias, cesar el proceso de criminalización de la protesta pacífica, poner fin al hostigamiento a defensores de derechos humanos, y asegurar la realización del referendo revocatorio presidencial, suspendido hasta nuevo aviso por el Consejo Nacional Electoral, el pasado 20 de octubre.

También fue recurrente el llamado a aceptar la observación internacional de los órganos de Naciones Unidas. A pesar de que Venezuela es uno de los 47 países que integran el Consejo de Derechos Humanos, por más de 15 años el gobierno se ha negado a recibir las visitas oficiales de los relatores de la ONU en distintas áreas, y desde 2014 le ha negado la visa al representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que pueda hacer una investigación directamente en el territorio venezolano.

Otras naciones alabaron la gestión presidencial de Nicolás Maduro y del ex presidente Hugo Chávez, entre 2012 y 2016. Uno de los logros que destacó fue la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que ha impulsado la Vicepresidencia de la República a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Resaltaron la participación de Venezuela en organismos de integración regional como Unasur, las políticas de atención de los pueblos indígenas, protección de grupos vulnerables, entre ellos mujeres y personas con discapacidad. También le indicaron al país que continúe reduciendo la pobreza, a pesar de que los datos publicados de 2015 por el Instituto Nacional de Estadísticas indican un aumento en la cantidad de venezolanos que viven en pobreza. Entre este grupo de entusiastas estuvieron Cuba, Eritrea, Bolivia, Jamaica, Nicaragua y Rusia.

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Sin observación internacional

Nueve de las 274 recomendaciones destacaron la importancia de que Venezuela coopere con los mecanismos de evaluación de derechos humanos que establece Naciones Unidas. Este fue un clamor de Irlanda, Noruega, Japón, Latvia, España, Australia, Ghana, Islandia y Costa Rica. Las exigencias sugieren la cooperación con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y exhortan a aceptar las visitas oficiales pendientes -tan pronto como sea posible- de los relatores especiales y los funcionarios del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Esta también es una preocupación que ha manifestado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a lo largo de 2016. Para este examen la Oficina del Alto Comisionado preparó un análisis de cada país evaluado. En su informe para la segunda evaluación de Venezuela, esta instancia mostró su preocupación por las resistencias que ha puesto el gobierno venezolano para permitir la visita del representante de su oficina regional.

Denunció que han pedido “en reiteradas ocasiones una visa para visitar el país desde 2014 y no había recibido respuesta”, de parte del gobierno de Venezuela. Las restricciones para hacer observación e investigar de manera directa lo que ocurre en Venezuela también fue una denuncia que hizo pública el presidente del Alto Comisionado en Ginebra, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien mostró su preocupación por la crisis política, económica y social de esta nación, en su discurso durante la inauguración de la 33° sesión del Consejo de Derechos Humanos, el pasado 13 de septiembre.

Venezuela es de los pocos países que no le ha extendido a este organismo una visa permanente que le permita visitar al país en cualquier momento y constatar la situación de derechos humanos. En su informe para el EPU de Venezuela, el Alto Comisionado también reflejó que esta nación solo ha contestado un poco más de la mitad de las consultas que le han hecho distintos organismos de Naciones Unidas, a través de comunicaciones escritas: “Durante el período examinado (2011-2012) se enviaron 46 comunicaciones. El Gobierno respondió a 24”.

Entre 2012 y 2016, el país solo aceptó la visita del relator especial para la alimentación, pero no se pudo concretar porque coincidió con el fallecimiento del ex presidente Hugo Chávez, en marzo de 2013. Posteriormente, la cita no pudo ser reprogramada pese a que organizaciones locales como el Observatorio Venezolano de la Salud y la Fundación Bengoa han denunciado una severa crisis alimentaria y nutricional.

En los últimos cuatro años el gobierno de Venezuela, aunque integra al Consejo de Derechos Humanos, se negó a recibir la visita oficial de nueve relatores especiales de Naciones Unidas, en los temas de tortura, defensores de los derechos humanos, violencia contra la mujer, libertad de reunión pacífica y de asociación, independencia de los magistrados y abogados, detención arbitraria, libertad de expresión, empresas transnacionales y vivienda adecuada.

A este panorama se suman las restricciones que tiene el Estado para rendir cuentas a organismos de derechos humanos a nivel regional. Provea, en su informe para el EPU Venezuela, denunció el retroceso que ha sufrido el país en materia de protección de derechos humanos al denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que se tradujo en el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho que impide que los ciudadanos puedan buscar justicia en instancias internacionales. Por esta razón, Brasil y Uruguay le recomendaron a Venezuela revisar esta decisión y lo exhortaron a “participar de manera constructiva en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Elecciones suspendidas

Los países también reaccionaron a la decisión del Estado venezolano de suspender el referendo revocatorio presidencial a través de fallos de tribunales penales locales y por orden del Consejo Nacional Electoral. Estados Unidos, Noruega y Brasil llamaron a Venezuela a respetar el derecho constitucional de los ciudadanos a realizar esta consulta electoral. Organizaciones como Provea han dicho que esta medida rompió el hilo constitucional y directamente caracteriza al gobierno de Maduro como una dictadura.

Al mismo tiempo, este grupo de naciones pidieron al país asegurar la independencia de los poderes públicos, entre los que están el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo.

El país por cárcel

Corea del Sur, Brasil, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Suiza abogaron para que el Estado venezolano elimine su práctica de detenciones arbitrarias, principalmente contra disidentes y activistas políticos. El Alto Comisionado en su informe refirió que “en octubre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, al identificar un patrón sistemático de detenciones arbitrarias en el Estado, instó al Gobierno a garantizar el derecho a no ser arbitrariamente privado de la libertad. Asimismo, consideró que la detención de Antonio José Ledezma, alcalde de Caracas, era arbitraria y recomendó su inmediata liberación”.

Expresión silenciada

Treinta y tres países, entre ellos 18 estados europeos, nueve de América y seis de Oceanía, África y Asia, le llamaron la atención a Venezuela para que garantice la libertad de expresión y el acceso a la información pública. En el primer EPU que presentó Venezuela ante la ONU en 2011, el gobierno rechazó 13 recomendaciones en este tema lo que a juicio del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) se tradujo en un deterioro de las libertades informativas y de opinión en el país.

Cinco países, entre ellos Chile y Perú, le recomendaron aprobar con urgencia una Ley de Acceso a la información pública. Venezuela junto a Bolivia y Cuba son los únicos de la región que no cuentan con una legislación que garantice la rendición de cuentas y promueva la transparencia en la gestión pública con un mecanismo para erradicar la corrupción. 

Sin medicinas ni alimentos

Ante la crisis de escasez de medicinas y alimentos, al menos, 8 países levantaron su voz en el Examen Periódico Universal de Venezuela. Entre ellos, Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Norte, Islandia, Nicaragua, Suiza y Tailandia. Otros estados como Rusia, República Dominicana e Irán sugirieron mejorar la atención en salud.

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La delegación venezolana prefirió no dar respuesta en este momento a las recomendaciones que le hicieron otros países y esperar hasta la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizará en el mes de marzo 2017

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Estado en excepción

Venezuela llegó a su segundo Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas en medio de una crisis política, económica y social. También bajo un decreto de “Estado de Excepción y de la Emergencia Económica”, que fue aprobado por el gobierno sin el aval del parlamento, por 180 días que corren desde mayo de 2016. Esta normativa autoriza al uso de la fuerza policial y militar para controlar cualquier acción que desde el gobierno se considere que atente contra la seguridad y la soberanía nacional.

Ante este panorama, la delegación venezolana prefirió no dar respuesta en este momento a las recomendaciones que le hicieron otros países y esperar hasta la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizará en el mes de marzo 2017. Pese a esta postergación, el gobierno ha dicho que Venezuela ha sido “eximida” en Naciones Unidas. Mientras tanto en Radio Nacional de Venezuela, la principal emisora del Estado, rueda una propaganda gubernamental en la que el presidente Nicolás Maduro asegura: “el acoso y la persecución contra la revolución bolivariana también es un fracaso. Mientras más nos atacan, más apoyo tenemos en el mundo. Esta es una victoria en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Victoria, victoria, victoria popular”.

Mientras se desarrollaba el partido de béisbol Caracas-Magallanes, la programación de la televisión venezolana compartía su audiencia con el programa semanal del presidente de la república, transmitido a través de la red de medios estatales, y que a partir del mismo día del EPU Venezuela se transformó en La hora de la salsa.

Esa noche Nicolás Maduro dijo que en el Examen Periódico Universal, “Venezuela ha mostrado todos los avances, denunciamos con pelos y señales la guerra económica, la persecución financiera mundial que nos tienen las calificadoras de riesgo; una cosa increíble”.

Tanto la canciller de la República, Delcy Rodríguez, como el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, han dicho que Venezuela asumirá 24 compromisos voluntarios ante el Consejo de Derechos Humanos, que en general evaden las reiteradas preocupaciones de fondo de las demás naciones y de las propias organizaciones civiles locales sobre la situación de los derechos humanos en el país.

 

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