Yasuní: el paraíso ecuatoriano está en peligro

Son 982 mil hectáreas en la selva amazónica y fue declarado por la Unesco como Reserva de la Biósfera, pero además de contener una enorme variedad de especies animales y vegetales, bajo su suelo se aloja una gran riqueza: petróleo. El Parque Nacional Yasuní es la mayor extensión de territorio protegido de Ecuador: más de un millón de hectáreas. El gobierno de Rafael Correa planifica perforar 600 pozos petroleros en la zona desde ahora hasta el año 2025

Por Heidy Ramírez S 

Fotografía: Pato Chavez

Cada quien tiene su propia idea del paraíso, generalmente se trata de un sitio lleno de bondades, donde quienes lo habitan gozan de felicidad y bienestar y donde todo es posible. La maldad o la indulgencia no existen, simplemente quien está allí se sabe en un lugar privilegiado además con derecho a estarlo. Algo así es el Yasuní, el parque nacional ecuatoriano donde coexisten tantas realidades contradictorias como maravillas naturales y promesas celestiales. Este pedazo de planeta está catalogado como una de las áreas donde abundan más especies de flora y fauna, es además centro de asentamiento de aborígenes, reservorio de agua y aire limpio, bastión de lucha contra el cambio climático y envase de una de las mayores reservas petroleras tanto de ese país suramericano como del mundo. Yasuní es un tesoro que estuvo a punto de ser intocable pero ahora parte de él ya está ofrecido al mejor postor, bajo la bandera de la necesidad de su explotación para el desarrollo nacional y los programas sociales para los menos privilegiados.

El Parque Nacional Yasuní fue declarado como tal en 1979 pero se dice que desde la década de los sesenta (o quizás mucho antes) ya se veía amenazado por las perforaciones petroleras y la explotación maderera. Tiene un área de más de 1 millón de hectáreas y lo abarcan las subcuencas de los ríos Tiputini, Yasuní, Nashiño, Cononaco y Curaray, que engrandecen el cauce del río Napo, afluente del Amazonas. Su clima privilegiado y su ubicación dentro de la Amazonía, han hecho de este lugar un centro de investigación por excelencia gracias a su biodiversidad.

En sus bosques habitan más de 500 especies de aves, casi 30% de todos los reptiles del territorio ecuatoriano y el mayor número de especies de árboles y arbustos por hectárea del mundo. Por ello y más, Yasuní fue declarado Reserva de Biósfera por la Unesco en 1989. Parte de las tierras de este parque son además centro de asentamiento de las etnias Tagaeri, Taromenane, Waorani, Kichwa y Shuar. Sin duda es un paraíso para investigadores, ecólogos y ambientalistas; también para quienes desean maravillosas experiencias turísticas en la selva; para las empresas petroleras; para las tribus que lo ven como morada y para el gobierno que lo explota para apuntalar la economía nacional. Cada grupo, sea cual sea su intención, ve el Yasuní como un paraíso de oportunidades. Es un conglomerado de reservas controversiales: humanas, forestales, petroleras, ambientales y culturales. Sin duda una tentación difícil de manejar.

Aunque siempre ha sido objeto del deseo y presa de las petroleras que han desplazado a las etnias, deforestado bosques, diezmado importantes poblaciones de plantas y animales, el Yasuní no había contado con una mirada esperanzadora hasta que el gobierno de Rafael Correa lanzó la iniciativa Yasuní-ITT en 2007: proteger un porcentaje del parque y no explotarlo a cambio de un monto recabado mundialmente. Después de tantos años finalmente se le daba el frente a un asunto incómodo pero trascendental para la humanidad. El Gobierno iba a sumarse un punto a favor en un momento todavía holgado de la economía cuando los precios del petróleo no habían bajado tanto. Pero los años pasaron y a la realidad le salieron dientes afilados.

La venta adelantada de hidrocarburos a China y Tailandia y una inversión algo dudosa de esos recursos puso en aprietos las finanzas; la deuda pública se hizo impagable –Ecuador debe a los chinos 15.200 millones de dólares-, la dolarización de la economía empezó a costar caro y se hizo más escasa la inversión privada. Así, lo único que quedó como opción al cabo de seis años fue ponerle la mano a un recurso no renovable de una región altamente sensible y controversial, pero que ya ha sido mancillada por siglos bajo el característico silencio de la selva amazónica. Hay un despertar de conciencia ecuatoriana impulsada por los grupos verdes de presión mundiales que han levantado la voz en los últimos años y le han dado algo de pelea al gobierno de Correa, pero ¿qué le depara a Yasuní ITT ante una lista de empresas explotadoras encabezada justamente por la pública Petroamazonas (que subcontrata a la china Sinopec), una proyección de perforar 600 pozos de aquí al 2025 y ante cifras de reservas de 920 millones de barriles nada más en esa área?

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Otros pagan

En 2007 el gobierno ecuatoriano liderado por el presidente Rafael Correa diseñó la propuesta denominada “Iniciativa Yasuní-ITT”, correspondiente a los campos petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT). Estas zonas del nororiente del Parque Nacional Yasuní ostentan cerca de 20% de las reservas de petróleo probadas de Ecuador (más de 800 millones de barriles de un total cercano a los 4 mil millones) por lo que el plan apuntaba a evitar la explotación de ellas para proteger sus ecosistemas que forman parte de la Amazonía. La idea era hacer ver al mundo la importancia del área para toda la humanidad y recoger el monto equivalente a la explotación de un lapso de trece años.

Ecuador se comprometía a dejar de recibir 350 millones de dólares anuales por la producción de 100 mil barriles diarios, como su contribución a alcanzar objetivos globales de reducción de las emisiones de dióxido de carbono y de conservación de la biodiversidad. En su momento el plan se vendió como un aporte ecuatoriano de alto valor ya que casi 40% de la población vive en condiciones de pobreza y lógicamente aprovechar los recursos de Yasuní se veía como una alternativa. Con la protección además se evitaría la emisión de unos 436 millones de toneladas de CO2, cuyo equivalente de neutralización rondaba los 4 mil millones de dólares. En tiempos de discusiones mundiales sobre el nuevo flagelo del cambio climático esta idea se veía muy loable: un país suramericano, petrolero, que desafiando sus condiciones económicas haría un gran esfuerzo ante los ojos del mundo.

Pero otros tendrían que poner el dinero: iban a ser los países industrializados quienes efectuaran el aporte, según algunas posiciones, los culpables del efecto invernadero por las elevadas emisiones de gases contaminantes producto de su uso altamente demandante de la energía fósil.

2do. viaje a las comunidades kichwa de la ribera del napo en la ruta al yasuní

El mundo defraudó a Correa

Lo que se vio como un proyecto prometedor después de un tiempo sucumbió a la realidad económica mundial. En un período de seis años fueron pocos los que respaldaron la lógica del mandatario. Los aportes llegaron de algunos países europeos y americanos, pero apenas alcanzaron para un bajo porcentaje del total. La meta esperada era 3.600 millones de dólares, que serían depositados en un fideicomiso administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, pero solo se recabaron 13,3 millones.

En agosto de 2013 vino el anuncio: Ecuador ponía fin al Yasuní-ITT para dar paso a la explotación de este territorio. La frase de Correa fue reseñada por todos los medios: “El mundo nos ha fallado” y se desvistió de toda culpa, de una inversión cuantiosa en campañas dirigidas a la opinión pública para comunicar las bondades de su plan y también en negociaciones internacionales e intercambios diplomáticos. Esa cuenta no parece haber sido calculada todavía, por cierto.

El gobierno alemán respondió: la responsabilidad era exclusivamente del primer mandatario, dijo el portavoz del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Sebastian Lesch. El país europeo aportó 3,5 millones de euros y esperaba que se respetaran ciertas condiciones en el proyecto. Ante el señalamiento, Correa olvidó la diplomacia a la que había recurrido en la primera etapa del acuerdo y consideró la acotación como una insolencia, ordenó devolver el dinero y dijo que el incidente era una clara intromisión en la soberanía y en las decisiones de su país. “Nosotros no tenemos que dar explicaciones a nadie”, fue una de sus frases, pese a que justamente el interés planetario y la corresponsabilidad mundial eran algunos de los argumentos para la iniciativa Yasuní ITT.

¿Qué puede haber pasado?

Las bases del programa Yasuní-ITT probablemente no eran tan firmes y el contexto de un país de cultura petrolero dependiente era muy difícil de desligar de la idea. La exploración y explotación de hidrocarburos arrancó en la década de los cincuenta del siglo pasado en la zona norte del parque donde la baja agresividad de los pueblos autóctonos era fácil de controlar.

La primera en llegar fue Texaco que ganó la mayor presencia en el territorio por más de tres décadas. Veinte años más tarde se aplicó una política nacionalista sobre el patrimonio en hidrocarburos, se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana y el país ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP.

Otras transnacionales llegaron después a asentarse sobre 200 mil hectáreas al sur del río Napo, en pleno parque y en áreas protegidas. El territorio fue delimitado en bloques que se numeraron y las leyes de protección de espacios naturales se modificaron convenientemente. Las empresas tomaron el control al punto de que, cómo se explica en un documento de 2009 del Proyecto Cultura y Ambiente, del Fuhem (fundación española que promueve la justicia social), “no era posible entrar, por ejemplo, al bloque 16 (parque nacional Yasuní) sin el permiso de la Repsol”. Finalizando el siglo se avanzó en la conquista y se llegaron a abrir los bloques 20, 23 y 24, con cierta resistencia indígena de los Kichwas, Shuar y Achuar. De unos veinte bloques se mantuvieron cerca de quince activos en explotación, de los cuales once eran para empresas extranjeras. Petroecuador, consorcio nacional líder, llegó a ocupar 700 mil hectáreas. Y como dato asombroso, fue apenas ya comenzado el siglo XXI cuando se pensó en cambiar los esquemas de las ganancias del Estado, que se había conformado con 20% mientras que las foráneas se quedaban con 80%.

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En todos estos años el impacto económico, ambiental y social sobre la porción de Amazonía ha sido duro. La incursión en las áreas de los grupos originarios ha causado transformaciones culturales. Los estudios de factibilidad de las petroleras necesariamente han recurrido a la deforestación. La instalación de equipos y el ruido han perturbado la fauna del lugar y los procesos químicos han afectado los suelos y el agua tanto superficial como subterránea. Las grandes demandas a empresas petroleras que han ocasionado derrames no han subsanado el daño a las etnias que han debido replegarse en el territorio quedando en pequeñas reservas (hasta el 2002 se contaban 779 derrames, en promedio unos ocho mensuales) y han visto minada su salud como resultado de la contaminación.

También en el informe ya mencionado se lee: “Un caso representativo es el de la empresa Texaco, que estuvo en el país 28 años, perforó 339 pozos, arrojó al ambiente cinco millones de galones diarios de desechos de producción, quemó 10 millones de pies cúbicos de gas diariamente, derramó 16,8 millones de barriles de crudo y causó la deforestación de más de un millón de hectáreas de bosque húmedo tropical”. Finalmente esta mega corporación salió de Ecuador en 1992.

Bajo esta lupa no sería descabellado pensar que cualquier iniciativa de dejar el crudo bajo tierra podría ser un bello proyecto pero no tan realista. El hábito petrolero arraigado en este país suramericano requeriría mucho más que el apalancamiento monetario de los países industrializados. Además el proyecto de Correa apuntaba a preservar un pequeño porcentaje de un territorio que hay que aclarar no es virgen, ni es una selva esmeralda y prístina, sino una gran colcha de parches de sectores numerados llamados bloques de los que ya han manado petróleo y dólares durante años.

1er grupo de yasunidos visitando llanchama en el yasuní

Todos sacan

Se supone que el Parque Yasuní se divide en tres zonas: núcleo, amortiguamiento y transición, siendo solo la última donde podrían efectuarse actividades petroleras y las dos primeras prácticamente intocables para su preservación, pero la verdad es que en todo el territorio hay movimiento extractivo.

La división se ha hecho por bloques, áreas delimitadas que son concesiones para empresas y han pasado por varias manos a lo largo de la historia. Así se habla por ejemplo de los bloques 14, 15, 16, 17, 23, 31 y 43 (el del ITT) y dentro de ellos de plataformas (también identificadas) y pozos. Y en simulada simbiosis también pueden encontrarse madereras y representaciones de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que protegen el negocio. Esta mezcla de ocupación permitida de áreas que debían estar bajo estricta protección como la zona núcleo, también constituyó un elemento adicional de duda sobre la iniciativa de Correa.

Para muchos expertos el detonante de la lucha fueron casos emblemáticos como el de Texaco, que despertó la acción de los movimientos ecologistas que unieron voces a la resistencia sin resultado que venían ejerciendo los grupos indígenas. Uno de los actores sobresalientes ha sido la ONG Acción Nacional Ecológica con su campaña “Amazonía por la Vida” (iniciada alrededor de 1989). Luego vino una coalición de varias ONG que constituyeron el Grupo Yasuní con sus planteamientos de una moratoria petrolera y la organización Oil Watch que entre varias acciones propuso no permitir la exportación del petróleo proveniente del área. El foco de todos estos esfuerzos ha sido trascender el Ecuador petrolero dependiente como fuente de divisas y energía. De allí que la iniciativa ITT fue vista como un hito que de alcanzarse hubiera significado una batalla ganada en cuanto a hacer visible a todos ese objetivo a largo plazo más que realmente un avance en política de protección ambiental.

Consulta fallida

A mediados de 2016 comenzó la extracción de un nuevo pozo en el bloque 43, esto es de la zona ITT, con lo que se llegó a la cifra de 23 mil barriles diarios de producción. En el acto, el vicepresidente Jorge Glas comentó “hoy arranca una nueva era, un nuevo horizonte petrolero para los ecuatorianos”. Este funcionario también indicó que el ITT tenía más reservas de las previstas para poder ejecutar obras como hospitales, escuelas, universidades y otras, ya que la valoración indicaba unos 750 millones de dólares para el Fisco en 2017 y prometió el uso de tecnología especializada para que el impacto ambiental fuera el mínimo. Pero hubiera sido preferible que Glas no acotara esto último porque sugeriría un tinte irónico si se revisa a la luz de la historia del Yasuní.

Entre decenas de acontecimientos, la brasileña Petrobras ha sido señalada de abrir impunemente vías y talar miles de kilómetros cuadraros y Petroamazonas también fue acusada de violar estudios de impacto ambiental al construir una carretera y no un sendero ecológico para sus labores como estaba previsto en la contratación.

El ministerio del Ambiente de Ecuador no ha recibido los mejores comentarios por no actuar contundentemente ante los hechos y han sido las organizaciones civiles las que desde hace un buen tiempo han enarbolado la bandera. Con la idea de la conservación de la franja del ITT se despertó la opinión pública y diferentes grupos de activistas ambientales y ciudadanos, liderados principalmente por el movimiento juvenil de nombre Yasunidos, promovieron la recolección de más de 800 mil firmas para solicitar un referendo nacional sobre la ITT. La movilización por la consulta pública también fue emprendida por otras organizaciones como Amazonia Vive, que planteaba incluir una pregunta de apoyo a Correa y el Frente de Defensa Total de la Amazonía que radicalmente solicitaba que el país se declarara libre de toda actividad extractiva de cualquier naturaleza.

El 5 de marzo de 2013 se cumplió el tercer año de la declaratoria de este como el "Día de la Defensa del Yasuní", con este motivo un grupo de jóvenes de la Campaña Amazonía por la Vida provenientes de Azuay, Imbabura, Loja, Pichincha, realizaron una visita de monitoreo a la zona de la ribera del río Napo, en las inmediaciones del Parque Nacional Yasuní, aprovechando a la vez para realizar una acción simbólica en contra de la contaminación petrolera, realizando una limpieza de la basura generada por los plásticos provenientes del petróleo en varias de las comunidades y pueblos de camino al Yasuní, a lo largo de la ribera. Basura que se entregó con un acto de protesta y marcha por la ciudad del Coca hacia las instalaciones de Petroecuador.

Tales frentes adicionales fueron vistos por muchos como promovidos por el Gobierno y como táctica de distracción para la opinión pública. Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano se negó a aceptar las firmas, alegando que habían sido falseadas o repetidas en más de 60%. Eso fue en abril del 2014. Unas semanas después de la negativa del CNE, el gobierno aprobó la licencia de perforación de Petroamazonas. Se quedó en papel el artículo 398 de la Constitución: “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente” y también los estudios hechos en 2013 por encuestadoras que revelaban que más de 90% de la población ecuatoriana en Quito y Guayaquil estaba de acuerdo con la iniciativa Yasuní-ITT y 6 de cada 10 personas no apoyaban la explotación en caso de que no recaudase suficientes fondos.

Aunque la consulta pública no ha podido concretarse por las distintas barreras impuestas por el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, los grupos de presión siguen su trabajo de oposición al Gobierno de forma cada vez más articulada y estratégica. Patricio Chávez, vocero del ya mencionado movimiento Yasunidos en intervenciones a los medios ha dejado ver su preocupación por las cifras confusas del gobierno: por ejemplo, cómo es que las nuevas reservas anunciadas de esta franja aportarían 19.500 millones de dólares a las arcas fiscales, cuando los 920 millones de barriles iniciales estaban valorados en 18 mil millones en 2013 cuando se anunció el inicio de la explotación. Así también se ha dejado entrever la falta de transparencia de los organismos oficiales y de Petroamazonas con relación al manejo ambiental del bloque 43. El acceso negado a los grupos de interés a las áreas en cuestión ha sido uno de los planteamientos, son conocidos casos como el del legislador indígena Pepe Acacho, integrante del movimiento Pachakutik y de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, que no ha podido acceder a la zona por más de año y medio.

Los contenidos de los informes que debe entregar el Ejecutivo también son foco de interrogantes ya que en papel expresan un funcionamiento de máquina suiza que respeta todos los acuerdos, pero en la práctica no se pueden constatar por actores no gubernamentales. Pero, ¿se podría esperar algo diferente si el ministro del Ambiente de Ecuador, Daniel Ortega está completamente a favor del aprovechamiento de los recursos? En sus palabras, le parece ¨coherente aprovechar sosteniblemente los recursos para alcanzar una mayor calidad de vida¨. El ministro también comentó hace poco que garantizaba que no se realizaban operaciones petroleras en el Parque Yasuní, pero le faltó decir que aunque se empezó por Tiputini cuyos linderos casi lo rozan sí se tiene contemplado avanzar con las otras áreas de la ITT que sí están sobre esta reserva. Adicionalmente muchos podrían preguntarse, si es realmente importante una línea de demarcación imaginaria si a final de cuentas las emisiones de carbono o la aniquilación de ecosistemas no responden a parcelamientos por coordenadas.

Recientemente, en septiembre de este año la activista Esperanza Martínez, de Acción Ecológica envió una carta abierta donde también responsabilizaba frontalmente a Correa de haber saboteado su propio plan de protección y manifestaba su decepción por el arrebato de las firmas del referendo. Concluyó diciendo que el Yasuní era una utopía.

2do. viaje yasunidos a llanchama

Y finalmente…nada ha pasado

España, Luxemburgo, Corea, Irán, Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Turquía, Alemania, Chile fueron algunos de los países que aportaron al proyecto, como también lo hicieron organizaciones, empresas privadas y particulares con pequeñas donaciones. Mucha gente compró la idea del Yasuní ITT en 2007 y años posteriores de la campaña, aun cuando era para todos conocido que Correa en el 2009 solicitó a Petroamazonas que realizara un plan de desarrollo de los campos Tiputini y Tambococha, el llamado Plan B que tenía bajo la manga por si la alternativa verde no prosperaba. De ahí que algunos tuvieran cierto recelo ante la iniciativa y el desembolso.

Como pasa en muchos países petroleros cabría preguntarse, ante una extensa historia extractivista, ¿por qué se empleó el argumento de la inversión social para explotar estos campos si Ecuador cuenta con una tradición petrolera en la cual las ganancias se han podido optimizar y realmente inyectar al país sin necesidad de tocar el parque? ¿y si se hubieran perfeccionado las concesiones y condiciones económicas de las transnacionales en los campos ya creados para no avanzar en la nueva horadación de la zona natural?

Con la puesta en marcha del aprovechamiento de la ITT quedaron atrás el plan Verde País que privilegiaba la conservación del Parque Yasuní y que presentó el gobierno en su Agenda Ambiental Multisectorial 2007. También quedó en el olvido el apoyo del PNUD y del secretario general de las Naciones Unidas Ban KI-Moon, el respaldo de personalidades mundiales, la intervención de entes como la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Corporación Andina de Fomento y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) entre otros tantos. También quedaron en el tintero muchos planes de turismo sustentable y en vilo el trabajo de instituciones científicas que hacen vida en Yasuní. Pero la mayor decepción tal vez se instaló en la ciudadanía a quien se le vendió una idea para luego incluso negarle su derecho constitucional de consulta popular.

El Yasuní se agrega al historial de casos donde la economía extractivista arrasa con el planeta como patrimonio humano y sus recursos naturales como fuente de vida. Parece que la responsabilidad queda en manos de las organizaciones ambientalistas y de los ciudadanos aunque no a la velocidad que se requiere. Los colectivos ecologistas, especialmente Yasunidos, han pedido que el tema sea debatido por los candidatos a la presidencia de Ecuador. Antes de que culmine 2016 se entregarán propuestas que apuntan al objetivo mayor, iniciar la transición del país a uno no minero, acompañado de otros fines como la defensa de la naturaleza, el respeto a los derechos humanos, el cese a la criminalización de los activistas y la paralización definitiva de actividades petroleras en el parque. Si no se pudo materializar el referendo, poner el tema en boca de los precandidatos puede ser una vía para que inevitablemente caiga en el terreno electoral y en manos del ciudadano. Así sería el pueblo, justamente empoderado a la luz de la filosofía de su gobierno, el que tome la frase de su presidente para revertirla y tal vez decir con toda propiedad ¨nuestro Gobierno nos ha fallado¨ y asumir el derecho a diseñar el camino de toma de responsabilidad sobre sus reservas más valiosas.